Tenerife

El fiscal del caso Siliuto pone en duda el papel del ayuntamiento

Los servicios jurídicos municipales estudian el documento en el que se pide aclarar si el Consistorio es "perjudicado o responsable".
Méndez/Grillo, S/C de Tenerife
29/jun/17 6:05 AM
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"... No puede comparecer el Ayuntamiento de Santa Cruz de un lado como perjudicado y de otro como responsable indirecto a través de la Gerencia de Urbanismo". Este es un extracto del fundamento del escrito presentado a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial por el fiscal Jonay Socas el pasado 22 de junio en el que solicita al consistorio que aclare, algo que estudian actualmente los servicios jurídicos municipales, su posición en el llamado caso Siliuto, cuyas sesiones del juicio oral comienzan el próximo lunes 3 de julio.

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, "lo que pretende la Fiscalía con este escrito es apartar a la Gerencia del proceso judicial y al mismo tiempo curarse en salud por si el ayuntamiento alegara indefensión".

En su argumentación, el Ministerio Fiscal señala que "siendo coherente con nuestro escrito de acusación en que se ejercita acumuladamente con la acción penal la acción civil de resarcimiento de daños y perjuicios al Ayuntamiento de Santa Cruz, constando en el auto de apertura del juicio oral de 27 de mayo de 2016 que se considera responsable civil a la Gerencia Municipal de Urbanismo siendo este un ente dependiente del ayuntamiento".

El fiscal destaca en su escrito "la paradoja de que en caso de hipotética resolución condenatoria deba el Ayuntamiento de Santa Cruz ampliar el presupuesto municipal destinado a la Gerencia de Urbanismo para atender a una indemnización de la que va a ser beneficiario".

El juicio por la compra de la casa Siliuto, situada en la calle San Antonio del barrio de El Toscal, comenzará el lunes y está previsto que continúe hasta el 12 de julio. En el banquillo de los acusados se sentarán los exconcejales Norberto Plasencia y Manuel Parejo y el exgerente de Urbanismo, Víctor Reyes. El Ayuntamiento de Santa Cruz es considerado responsable civil subsidiario por 280.281 euros.

Los presuntos delitos atribuidos a los procesados son prevaricación y malversación de fondos públicos por supuestamente haber adquirido el inmueble con destino a ser Casa de la Juventud por un valor superior al de su tasación.