Solo resta una sesión en el llamado caso Siliuto para que la jueza diga esa típica frase de "visto para sentencia". Ayer, el fiscal y la acusación particular reafirmaron su petición de penas y el abogado de uno de los acusados, Norberto Plasencia, glosó su alegato de defensa sobre la base de que para adquirir el inmueble del 12 de la calle San Antonio primó el "interés social".

El fiscal, Jonay Socas, tardó dos horas en "resumir" lo que ha establecido como fundamentos para reafirmarse en las penas que solicita. La fiscalía, que no acusa a Parejo, pide para Norberto Plasencia diez años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos, y siete para Víctor Reyes por malversación.

Insistió el fiscal en los dos aspectos fundamentales que han originado esta causa penal. Por un lado, el sobreprecio pagado por adquirir la vivienda respecto a la tasación de los técnicos municipales. Por otro, el pago de la plusvalía por el Ayuntamiento de Santa Cruz, comprador, cuando la ley establece que el impuesto lo debe pagar siempre el vendedor, los hermanos Siliuto.

Francisco Alonso Siliuto estuvo ayer en la sala. Esta vez como espectador y no testigo. Aguantó estoicamente los calificativos de "mentiroso" que le lanzó el letrado de la acusación popular Pérez Ventura en cuanto a que nunca se reuniera físicamente con alguien del Ayuntamiento de Santa Cruz.

La acusación particular que representa IUC, a través de Pérez Ventura, pide 16 años a Plasencia, los mismos que a Reyes, y ocho a Parejo, en los tres casos por malversación de caudales públicos.

Pérez Ventura argumentó por qué incluye a Parejo: "El 6 de mayo de 2005 firmó una resolución en la cual ordenaba que se pagara el impuesto". Añadió que tres días después, el 9, "Reyes firmaba un certificado que ratificaba el del entonces consejero director de la Gerencia (Parejo). Tenía que haber advertido a Hacienda de lo que ocurría, pero no lo hicieron".

Rafael Sancho, defensor de Plasencia, apeló al "interés social" para adquirir el inmueble y resumió: "Mi cliente firmó todo lo que venía determinado por la funcionaria que elaboró el expediente, Erminda de Vera".