El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar recaba del ayuntamiento de dicho municipio los más de 60 expedientes que la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife le requiere en la denuncia que presentó el 19 de julio, por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación administrativa". Es la misma en la que el fiscal José Ramón Jurado recaba "que se tome declaración, en calidad de investigados, a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro Dorta, y a los concejales Verónica Jorge y Sixto Alfonso".

El fiscal refleja que en la documentación examinada y de la investigación realizada "se constata la existencia de múltiples vulneraciones a la legislación en materia de contratación pública". Al respecto, afirma que "se desprende una práctica, al parecer generalizada, de elusión, en materia de obras públicas, de los procedimientos de licitación aplicables mediante la vía del fraccionamiento".

En las 12 páginas de la denuncia, la Fiscalía incluye ejemplos de empresas (del municipio y externas) que perciben cantidades globales que obligarían a la administración a convocar concursos para su adjudicación, pero no se produjo porque esas cuantías las pagó el gobierno municipal fraccionadas en varias facturas, según la Fiscalía.

Otra situación denunciada por el fiscal es "que se concierta y practica una obra sin los informes preceptivos de otras instituciones públicas con competencia en la materia". Cita los casos concretos de varios servicios del Cabildo (Patrimonio, Medio Ambiente y Carreteras) y de la Demarcación de Costas.

Si bien pormenoriza su análisis de las facturas empresa por empresa, incluyendo un pago con el visto bueno de la concejal de Fiestas, la Fiscalía atribuye la inmensa mayoría de las autorizaciones de abono de esas facturas a la alcaldesa por sí o en alternancia con el concejal del área, en este caso Sixto Alfonso.

"Peculiar" es el término que el fiscal emplea para referirse a la adquisición de dos vehículos para la Policía Local. Una inversión de 41.251,93 euros que se hizo omitiendo el procedimiento establecido por la ley para cifras superiores al límite determinado para un contrato menor: 18.000 euros, todo ello "basándose en una pretendida -y no justificada ni, al parecer, previamente declarada por el órgano competente- necesidad urgente".

Estas facturas, como todas las demás objeto de la denuncia de la Fiscalía, fueron reparadas por la Intervención o por la Secretaría, reparos levantados por la alcaldesa a través de decretos.

La Fiscalía acumuló en un caso las dos comparecencias del portavoz municipal del PSOE, Airam Puerta, en las que puso en conocimiento del Ministerio Fiscal los asuntos que motivan la denuncia. Entre ellos está la gratificación de 953,04 euros a los policías locales como compensación por no reducir su jornada en Navidad, Semana Santa, Carnaval y verano. El fiscal advierte no solo de que ese pago contraviene la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012, sino que también es irregular que haya personal municipal que no realice la jornada semanal de 37 horas y media.

En el marco del procedimiento penal abierto (en diligencias previas) por todo ello y más, el fiscal solicita que comparezcan como testigos la exinterventora y la actual, la vicesecretaria, la secretaria, los arquitectos técnicos y la técnico de Recursos Humanos del consistorio.

Información turbia

En un comunicado oficial, el gobierno municipal de Güímar asegura que la información emitida hasta ahora "ha sido enturbiada, principalmente debido a que la alcaldesa, así como los concejales mencionados, no han sido citados hasta el momento". Tras señalar que el denunciante es "el líder de la oposición", en alusión al portavoz del PSOE, se explica que el Juzgado requirió "una serie de diversas facturas de comerciantes del municipio con los que el ayuntamiento trabaja", con el propósito de "determinar si en esos pagos cabe la posibilidad de incurrir en un supuesto delito. Dicha documentación se está preparando para ser remitidas al Juzgado correspondiente para determinar si se ha formalizado un hecho delictivo o no, siendo en este momento, en caso de ser afirmativo, cuando la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, entraría a colación como investigada en el asunto".

Disposición a colaborar

Desde el Consistorio güimarero se hace hincapié "en la absoluta predisposición y colaboración con la que participa esta Alcaldía, así como las áreas que conforman el Ayuntamiento de Güímar, con la Administración de Justicia, lamentando que se produzcan este tipo de acciones contra empresas de la localidad, un listado de empresas denunciadas que se publicarán en su debido momento, cuando se cuente con expresa autorización para ello". De hecho, la Alcaldía está convocando a sus responsables a una reunión a celebrar en unos días.

Los empresarios, testigos

Los más de 60 empresarios que se mencionan en la denuncia de la Fiscalía, y que motivó la investigación judicial abierta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar, son algunos de los testigos que el Ministerio Fiscal quiere interrogar. Las actividades que desarrollan las empresas afectadas en este procedimiento (507/2017) abarcan varios campos: ferreterías, librerías, transportes, periodismo, construcción, suministros eléctricos, automoción, fontanería...