"Aquí ya no se juzga un supuesto trato de favor en la concesión de licencias para negocios en ese ámbito, a través de una planificación ad hoc. La hipotética prevaricación quedó descartada en estos más de diez años de proceso. Solo se dilucida ahora si la información remitida al TSJC sobre el Estudio de Detalle -y sus cinco modificaciones para adaptarse al acuerdo del pleno de Santa Cruz- lo fue de manera consciente o producto de un error". Así valoraba ayer una fuente jurídica el inicio de la vista en la que se piden nueve años de prisión (tres a cada uno) por certificación falsa y falsedad documental en el plan especial de una parte del Parque Marítimo a tres funcionarios de la Gerencia de Urbanismo: el que fuera secretario, Víctor Reyes, y los técnicos Elena Pérez y Elías Medina.
La sala número 6 del Palacio de Justicia de la avenida Tres de Mayo acogió ayer la primera jornada del juicio oral de la Sección segunda de la Audiencia Provincial con origen en el Juzgado de Instrucción número 1. Entre las cuestiones preliminares se definieron qué pruebas documentales y periciales presentadas por los defensores serán aceptadas, así como los ocho testigos llamados a declarar, entre ellos la que fuera concejal de Urbanismo, Luz Reverón, o la exjefa de Planeamiento, Luisa del Toro.
El presidente del tribunal, Jaime Requena -acotó los tiempos y conminó en dos ocasiones sucesivas a público y periodistas a salir de la sala antes del receso-, estuvo acompañado de los magistrados Fernando Pereda y Esther Nereida García (ponente) para escuchar las intervenciones de la fiscal, Carmen Ávila, y de los letrados Ladislao Díaz (Víctor Reyes), Ramón González de Mesa (Elena Pérez) y José Ramón Pitti (Elías Medina).
El próximo martes, a las 9:15, se ha convocado a los testigos y el día siguiente, a la misma hora, a los peritos. La intención, "sin prisa", es dejar el juicio visto para sentencia el jueves 28.
Largo proceso que ha ido "de más a menos"
De uno de los principales ejemplos de "pelotazo urbanístico" durante la etapa de Miguel Zerolo como alcalde a una simple (aunque al tiempo complicada de explicar) información -errónea o intencionada- enviada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En más de una década esa ha sido la evolución del denominado caso Parque Marítimo que se ha desinflado y ha ido de más a menos, o sea del capítulo 1 al actual, el 2. El Estudio de Detalle inicial de la Zona C fue modificado hasta en cinco ocasiones para intentar adaptarlo al acuerdo plenario del 21 de septiembre de 2007. El equipo redactor del documento, contratado por la entidad promotora, Santa Cruz Park SL, remitió esas versiones. El pleno aprobó el Plan Especial con tres condiciones a a cumplir en volumetría, alineamientos y aparcamientos:
1.- Variación del área de la edificación prevista en la subzona C3 para respetar la línea límite prevista en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana.
2.- Acotamiento del área de la edificación de la subzona C4, a fin de no superar, en lo posible, la zona de afección de acceso reservada para el Palmétum.
3.- A la justificación de que en la subzona C1 (a) puedan disponerse de las 500 plazas de aparcamiento determinadas por el Plan Especial del Parque Marítimo.
La acusación particular, representada por el abogado Felipe Campos, ha sido apartada, según explicó el presidente al inicio de la sesión, por no abonar la fianza de 2.000 euros que dictó el tribunal en un auto el pasado jueves. Por tanto, al Ministerio Público le corresponde la solicitud de penas. A Víctor Reyes, por falsificación de documentos públicos y certificación falsa, le pide tres años de prisión por el primer delito, y por el segundo la suspensión por dos años. A Elena Pérez de Ayala y Elías Medina, por su parte, los acusa de falsificación de documentos públicos y solicita tres años de cárcel para cada uno de ellos.