La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha retomado la denuncia que, en 2011, había presentado Sí se Puede por las obras para construir la nueva base de contenedores que la Autoridad Portuaria tinerfeña realizó en la desembocadura del barranco de María Jiménez, conocido como barranco del Bufadero.

La Sección Segunda del órgano judicial provincial ha estimado el recurso de apelación que había presentado la referida formación política, tras la decisión de sobreseer la causa dictada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife en junio de 2015.

En un nuevo auto emitido el pasado 15 de septiembre, al que ha tenido acceso este periódico, la Audiencia Provincial "urge" a que se practiquen las diligencias de instrucción ya acordadas hace dos años y a que se dicte la resolución motivada que proceda.

Es más, en una diligencia dictada cinco días después del auto, el Juzgado de Instrucción Número 1, el mismo que había sobreseído la causa, fija que se nombre un perito ajeno a las administraciones implicadas a fin de que emita un informe "en el plazo de dos meses" sobre seis puntos.

En concreto, se pide el pronunciamiento sobre si hubo exceso de pluviosidad y su afección en la cuenca hidrográfica del Bufadero; si las obras se realizaron en función de la nueva base de contenedores; si se infringieron normas de seguridad tendentes a evitar los peligros concretos para las personas y el medio ambiente; si como consecuencia de un supuesto mal planteamiento de las obras necesarias en el desagüe del barranco se adoptaron decisiones imprudentes que hubieran podido determinar o favorecer el desbordamiento de los cauces del barranco con la riada de 2010; analizar los efectos de haber ganado terrenos al mar y la capacidad de absorción por los túneles construidos y el riesgo de cegamiento de los mismos, y si todo ello contravenía la normativa correspondiente.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial ya había dictado en mayo de 2014 un auto similar, en el que fijaba que un perito del Gobierno de Canarias debía informar sobre las repercusiones que la cubrición del tramo del barranco del Bufadero ocasionó a su función natural de desagüe hacia el mar, así como para conocer si las obras que fueron ejecutadas por la Autoridad Portuaria tuvieron repercusión en los daños derivados de las lluvias torrenciales del 1 de julio de 2010.

Sin embargo, transcurridos más de tres años, según recuerda el auto emitido ahora, "hemos vuelto al punto de salida sin practicarse las mismas". Es más, ni siquiera se nombró al segundo perito -el primero renunció por jubilación-, aunque para la resolución de la causa bastaba el testimonio de las diligencias previas en el que se recogerían los registros de precipitación diaria.

Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se Puede en el consistorio, ha reiterado en varias ocasiones que las autoridades "ignoraron" conscientemente los riesgos relativos a la seguridad de las personas en caso de crecida del barranco del Bufadero.