El Gobierno de Canarias se reunirá el 13 de octubre con los operadores jurídicos para adoptar una decisión sobre la ciudad de la justicia de Santa Cruz de Tenerife sin descartar Cabo Llanos, aunque esta opción implicaría dos años de trámites para buscar compensaciones con Ayuntamiento y propietarios privados.

El consejero de Justicia, Presidencia e Igualdad, José Miguel Barragán, explicó hoy en comisión parlamentaria que la solución que se adopte debe dar una solución a la administración de justicia en Santa Cruz de Tenerife para los próximos 40 o 50 años y recordó que cada año que pasa el coste en alquileres asciende a 1.200.000 euros para la Comunidad Autónoma.

Barragán precisó que en Cabo Llanos serían necesarios como mínimos otros 24 meses antes de iniciar una operación y por lo tanto casi medio millón de euros más que habría que incorporar como gastos extraordinarios de la Consejería para afrontar nuevos alquileres para ubicar nuevos órganos judiciales.

Ello se debe a que habría que esperar a que el Ayuntamiento busque suelo para una plaza pública y un centro educativo previstos en la zona y que habría que "sustraer" en el caso de que se edificase la ciudad de la justicia en Cabo Llanos.

Si todas estas condiciones tuvieran luz verde "vamos a estudiar esa posibilidad en serio" pero si los problemas son graves o inalcanzables en un tiempo razonable el Gobierno defenderá la opción de El Sobradillo, puntualizó el consejero de Justicia, quien precisó que hay que buscar una ciudad, un campus de la justicia como solución integral "y no un parche de edificios para ubicar juzgados".

Una vez agotado el intento del consenso habrá que optar por la opción que más posibilidades tenga, dijo José Miguel Barragán, quien advirtió de que en la medida en que no se adopte una decisión la carga la va tener la Comunidad Autónoma.

Al respecto, explicó que según los técnicos en el mejor de los casos pueden transcurrir seis años desde que se toma la decisión, se encarga el proyecto, empieza a construirse, se termina y se equipa.

El consejero indicó que si la solución de Cabo Llanos estuviera lista mañana, él apostaría por ella, por lo que también pidió que si finalmente se decide que la mejor solución es El Sobradillo "apostemos" todos por esta vía.

El parlamentario del grupo Socialista Gustavo Matos consideró que en su opinión las razones para decantarse por el entorno de Cabo Llanos siguen vigentes, y citó la cercanía y movilidad de los ciudadanos, pero admitió que no es más ágil una solución que otra porque, añadió, desde el punto de vista técnico ambas opciones presentan enormes dificultades urbanísticas.

Matos felicitó al consejero por no cerrarse a ninguna posibilidad y abrir de nuevo el diálogo, una buena noticia que espera que de frutos, y recordó también que hay datos nuevos, importantes y preocupantes, en relación con la anulación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife.

Precisamente la diputada del grupo Popular Luz Reverón aludió a la anulación del plan por parte del Tribunal Supremo y señaló que aunque no es competencia de la Consejería, sí lo es la de buscar alternativas y parcelas idóneas para evitar que pasen los años y se cometan "chapuzas".

Por ello invitó al consejero a ponerse "manos a la obra" y tener "una hoja de ruta" tras el varapalo de la justicia al PGO de Santa Cruz.

Socorro Beato, del grupo Nacionalista Canario, pidió seguir dialogando pero sin "eternizarse", pues hay que evaluar qué se debe sacrificar para tomar una decisión que tenga en cuenta los intereses de los ciudadanos y el menor coste para la Comunidad Autónoma.

Por Podemos la diputada Concepción Monzón reclamó que se pongan todos los datos sobre la mesa para agilizar la decisión y se preguntó que opina el Cabildo de Tenerife sobre el emplazamiento en El Sobradillo, adonde proyecta instalar una línea de tranvía "que no es aceptada socialmente".

Esther González, de Nueva Canarias, demandó una solución "no cortoplacista" y recordó que cuando la Consejería defendió la opción de El Sobradillo lo justificó en un proceso de consulta con los operadores jurídicos, cuando la realidad demostró que no había acuerdo.

La parlamentaria de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza coincidió en que es necesario dialogar pero también una pronta decisión tras años sin llegar a una situación definitiva sobre dónde se pondrá la primera piedra.

A su juicio, es urgente que esa primera piedra sea colocada esta legislatura para no seguir esperando por unas instalaciones esenciales para evitar la dispersión, el colapso y la falta de espacio en las tareas judiciales.