Sí se Puede (SsP) anunció ayer que denunció, anteayer, a la alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán Cano, y al primer teniente de alcalde, concejal responsable de la gestión de Aguas, Luciano Matrero García, "por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias". El portavoz del grupo municipal ecosocialista, José Luis Fumero, firmante de la denuncia, señala cinco hechos que plantea a la consideración de la Fiscalía.
En primer lugar, Fumero informa de que el Pleno del Ayuntamiento de Vilaflor celebrado el pasado 28 de septiembre acordó levantar el reparo formulado por la Intervención municipal en relación a varias facturas presentadas por empresas y en concepto de transporte de agua en cubas y abastecimiento a la red municipal de agua potable. Los importes son 11.362, 80 euros y 12.037,50 euros.
El portavoz de SsP detalla que el informe de Intervención indica como motivos para establecer su reparo "la existencia de una serie de irregularidades que por su gravedad consideramos que podrían ser constitutivo de los delitos referidos". Se trata del pago a diversas empresas que, respectivamente, "emiten de manera habitual, con frecuencia mensual y con ánimo de continuidad, facturas por servicios de mantenimiento y conservación del servicio de abastecimiento y por el servicio de suministro de cubas de agua".
En su denuncia, el también exalcalde refleja que "no constan las condiciones, requisitos y formas de realizar la prestación por parte de estas empresas", de forma que, a juicio de Sí se Puede, "las facturas emitidas incumplen cuanto se dispone en los preceptos precitados y requiere la formalización de la contratación estableciendo las condiciones, requisitos, plazos y precios unitarios del servicio que prestan". Esto ocurre de manera habitual, a la vista de la facturación mensual, señala SsP en un comunicado oficial. Es decir, "se trata de una adjudicación de servicios públicos municipales a empresas sin los procedimientos legales exigibles".
Los incumplimientos "se acentúan", según la denuncia, porque se puede comprobar que "las empresas adjudicatarias carecen de solvencia técnica o capacidad para realizar los servicios contratados", se señala en el texto de la denuncia. Además, en cuanto se aborda la entrega de agua de abasto "no se especifica el valor de las unidades suministradas", pero "hay referencias a cubas de aguas de las que se desconoce su capacidad y tampoco se aporta documentación municipal justificativa del exacto cumplimiento del servicio prestado".
Respecto al suministro de agua de abasto, Intervención señala en su informe "irregularidades de enorme importancia" relativas "al riesgo al que pudo estar expuesta la salud de la población del municipio", al no acreditarse en el expediente los certificados sanitarios que exige el Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En este sentido, la norma es muy explícita al indicar las condiciones que deben cumplirse en las distintas circunstancias relacionadas con el proceso de suministro, como los informes sanitarios preceptivos, la inspección sanitaria previa de los depósitos en origen y de las cisternas y depósitos móviles, la infraestructura y el autocontrol del agua de llenado, así como los puntos de llenado y de entrega.
El concejal de Sí se Puede (SsP) destaca que, en el decreto de levantamiento del reparo, "la alcaldesa de Vilaflor reconoce implícitamente que tiene conocimiento de que es necesario seguir una tramitación administrativa a través de los oportunos expedientes. Sin embargo, se escuda en la baja médica del secretario-interventor para asegurar que carecía de servicios jurídicos para elaborar los expedientes", indica José Luis Fumero.
Frente al silencio oficial, más acusaciones
José Luis Fumero asegura que el Ayuntamiento de Vilaflor, "como la denunciada conoce por razón de su cargo", dispone desde el Cabildo de "una asistencia directa" en materia jurídica "a los municipios de menos de 20.000 habitantes (artículo 10 y 11 de la Ley de Cabildos)", indica también en el texto de la denuncia. El portavoz de Sí se Puede critica, respecto al abastecimiento de agua de abasto, que la alcaldesa se escuda en la situación de urgencia por problemas de suministro durante el verano. Fumero insiste en que "el municipio cuenta con agua propia que se vende a una empresa privada, que estas irregularidades vienen acaeciendo desde principios del año y que, a pesar de las advertencias realizadas por Intervención en el informe emitido el 6 de julio de 2017, se continúan realizando a fecha de hoy". Sobre el servicio de mantenimiento y conservación de la red, se alegan razones de urgencia, dado que el operario municipal había fallecido, hecho luctuoso que acaeció en diciembre de 2016. "No obstante, continúa esta situación irregular tras diez meses", concluye el portavoz ecosocialista.