Santa Cruz de Tenerife

Investigan al Cabildo y a tres técnicos por el cierre de la piscifactoría de Aguamansa

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press
18/oct/17 16:31 PM
eldia.es

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava ha citado a declarar en calidad de investigados por un presunto delito contra la salud pública al Cabildo de Tenerife y a tres técnicos insulares, a raíz del cierre de la piscifactoría de Aguamansa, el próximo 29 de noviembre a las 09.30 horas.

Así lo recoge un auto judicial hecho público este miércoles en el que también se cita en calidad de testigos a los agentes del Seprona que incoaron el primer atestado el pasado 23 de septiembre, al inspector del área de la Consejería de Sanidad que ordenó la clausura de las instalaciones, a un responsable de Emmasa y al jefe de servicio de Fauna del Cabildo.

Además, el juez ha enviado un oficio al Consejo Insular de Aguas para que responda en un plazo máximo de diez días si la piscifactoría tienbe autorización administrativa para verter aguas; si ha habido alguna inspección; si tiene conocimiento de algún tratamiento para hacerlas aptas al consumo humano, y si ha detectado alguna irregularidad en las analíticas que se realizan a las aguas del Canal del Norte y en caso de ser positivas, si tienen datos de contaminación de heces de peces o medicamentos de uso veterinario.

También solicita al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses los resultados de las muestras tomadas por la Guardia Civil, y al Cabildo, toda la documentación de la piscifactoría y si ha recibido alguna subvención del programa de pesca Poseican.

A la empresa Skretting España, el juzgado le reclama datos sobre la venta de piensos medicamentosos al Servicio Técnico Forestal del Cabildo, y a la Dirección General de Justicia, que nombre un perito para determinar la cantidad de pienso suministrada a las truchas, el grado de toxicidad y el perjuicio para la salud.

El juzgado ha abierto la investigación tras la denuncia formulada por el Seprona, que tras un aviso vecinal, acudió a las instalaciones y observó a operarios del Cabildo vaciando las piscinas con más de 10.000 truchas muertas.

Según recoge el auto, un día antes se ordenó la suspensión cautelar del vertido de agua tras la visita de un inspector del área de Salud de la Consejería de Sanidad, destacando que había dos sacos de pienso medicamentoso que se aplicaron durante los primeros 20 días del pasado mes de julio.

EJEMPLARES VENDIDOS A TRES EUROS EL KILO

El medicamento lleva en su composición florfenicol, un derivado antibiótico que puede tener efectos adversos en el ser humano, si bien no se ha podido determinar si se cumple con el límite máximo de residuos autorizados.

Además, según su informe, la piscifactoría no dispone de registro sobre la naturaleza y origen de los alimentos que suministra a las truchas.

En el auto se constata también que la piscifactoría vendía excedentes de truchas a dos restaurantes de La Orotava a tres euros el kilo --el año pasado se subió el precio a seis euros-- o los regalaba a Cáritas y al centro de Santa Rita en Puerto de la Cruz.

En relación con esas ventas --unos 50.000 ejemplares al año--, el auto recoge que presuntamente no se realizó "ningún tipo de control sanitario veterinario", careciendo de libro de explotación aprobado por autoridad competente y sin poder determinarse si se cumplen los requisitos para la puesta en el mercado de animales de acuicultura.

Fuentes del Cabildo consultadas por Europa Press han señalado que ya han empezado a analizar el auto y sus consecuencias.