El Cabildo de Tenerife ha aprobado hoy una moción de CC, PSOE y PP en la que se apoya al Gobierno central en la aplicación de las medidas que estime convenientes para restaurar la legalidad en Cataluña, así como un diálogo sin más condiciones que el respeto a las vías constitucionales.

A la iniciativa se opuso Podemos, al estimar que supone un respaldo explícito a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que se traducirá en la "conculcación" de la autonomía catalana, la subordinación de su autogobierno y la censura de los medios de comunicación públicos.

El portavoz de Podemos, Fernando Sabaté, defendió sin éxito una moción alternativa en la que se rechazaba tanto la declaración unilateral de independencia como el 155 y se abogaba por la resolución del conflicto mediante el diálogo, la negociación política, la reforma de la Constitución y la celebración de una consulta con garantías legales.

En la moción aprobada, propuesta por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y apoyada por CC, PSOE y PP, el pleno respalda las medidas legales del Gobierno de España para restaurar la legalidad en Cataluña y también "la búsqueda de un diálogo sin condiciones que permita llegar a un acuerdo de convivencia aceptable por el conjunto de los españoles".

Ese diálogo debe producirse "siempre en el marco de las vías que ofrece la Constitución y con respeto a los principios democráticos", según la moción.

También se señala que la declaración de independencia de Cataluña es "una violación flagrante" de la Constitución y de las normas democráticas, así como "un acto de deslealtad hacia el Estado español, del que Cataluña forma parte, y hacia el conjunto de la ciudadanía española, incluida una amplia parte de la sociedad catalana".

"Debe ser dentro del marco constitucional donde se ofrezca un encaje adecuado a las singularidades de cada territorio, incluidas las de la Comunidad Autónoma de Canarias", indica la declaración aprobada.

El portavoz de Coalición Canaria, Efraín Medina, consideró que la situación en Cataluña ha derivado en "una espiral peligrosa, sin retorno, y en una gran fractura social", de la que se sale con "diálogo, acuerdo, consenso y convivencia", pero respetando la ley.

"Cataluña está llamada a ser ejemplo de convivencia pacífica y hay que adaptar y perfeccionar la Constitución para recoger las singularidades de todos los territorios", defendió Medina.

Miguel Ángel Pérez, del PSOE, mostró el apoyo sin fisuras de su partido a la moción y subrayó que los socialistas defienden "una reforma profunda de la Constitución" en clave federal para recoger los anhelos de los distintos pueblos, pero dentro de las vías establecidas legalmente.

Aseguró que la aplicación del 155 no conculca ningún derecho fundamental porque es un artículo constitucional.

El portavoz del PP, Sebastián Ledesma, afirmó que la situación excepcional en Cataluña requiere medidas excepcionales.

"No es la imposición de la fuerza, sino la imposición de la ley", dijo Ledesma, quien insistió en que la Constitución se puede cambiar "pero dentro de la legalidad".

Ledesma afirmó que el 155 no suspende la autonomía catalana sino que va en contra de unos dirigentes "que se han puesto al margen de la ley".

A esos dirigentes, "les importan un pito los ciudadanos, las empresas o la sanidad" y la educación solo les interesa "para imponer el odio a los demás".

Tanto Ledesma como Pérez reprocharon a Sabaté que mencionara a los líderes detenidos de las asociaciones civiles catalanas como "presos políticos", puesto que en España hay un estado de derecho en el que funciona la división de poderes, aseguraron.