El consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife, Miguel Ángel Pérez, ha informado a los representantes de los 31 municipios de la isla que la corporación insular pactará con los ayuntamientos las ordenanzas del suelo rústico, ha indicado hoy la institución tinerfeña.
Esa información la ha dado Miguel Ángel Pérez durante un encuentro para explicar a los representantes de las localidades las necesidades de adaptación a la ley del suelo y los espacios naturales de Canarias y la función de las administraciones en la materia.
Durante el encuentro, se señala en un comunicado del Cabildo de Tenerife, salieron a relucir el Plan Insular de Ordenación del Territorio, las ordenanzas en suelo rústico y la puesta en marcha de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife.
Miguel Ángel Pérez informó de que la corporación insular ha sido la primera en poner en marcha la comisión de evaluación.
Según se señala en el comunicado, el consejero hizo hincapié en que "se trata de una comisión técnica que arranca con nueve funcionarios del Cabildo de reconocida competencia profesional y con formación especializada en la materia bajo la presidencia del exsecretario insular José Antonio Duque".
Esta entidad será la encargada de emitir la evaluación ambiental correspondiente de los expedientes de planes, programas y proyectos de competencia insular con el fin de garantizar la coherencia del territorio y la protección del paisaje de Tenerife.
Así, se agrega en el comunicado, la nueva ley permite que los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna puedan tener su propio órgano ambiental mientras que los 29 municipios restantes de la isla podrán elegir entre este nuevo organismo del Cabildo y el de la Comunidad Autónoma.
Además, el consejero de Política Territorial señaló que "la evaluación ambiental constituye una herramienta muy eficaz para la protección del medio ambiente, porque aporta criterios de sostenibilidad y alternativas en la toma de decisiones estratégicas en la evaluación de planes, programas o proyectos".
Esta evaluación garantiza la prevención de impactos ambientales concretos que se pudieran generar, al tiempo que se establecen mecanismos para lograr el análisis de la huella del cambio climático, medidas de minimización de impactos o compensación de los mismos, añadió el consejero.