El Ayuntamiento de La Laguna se ha ofrecido hoy a los beneficiarios de las prestaciones económicas de carácter social que superen el cómputo mínimo para tributar por IRPF y que no tengan recursos, a mediar ante la Agencia Tributaria y aliviar sus responsabilidades fiscales.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García, ha hecho este anuncio tras publicar hoy la prensa local que Hacienda ha reclamado el pago de miles de euros a ancianos que reciben la ayuda a domicilio.

Óscar García aclara que el hecho de que las prestaciones económicas de carácter social computen como ingresos en la declaración de la Renta es una cuestión que concierne exclusivamente a la Hacienda pública y señala que a pesar de ello, el Ayuntamiento se ofrezca a acreditar tanto la cuantía como la naturaleza social de esas prestaciones y a auxiliar a los vecinos afectados en las gestiones con la Agencia Tributaria.

El concejal recuerda en un comunicado que en 2012, el Ayuntamiento optó por un sistema de prestaciones económicas como fórmula para poder mantener el servicio de asistencia domiciliaria a 1.033 vecinos de la capital, después de que la empresa prestataria y conveniada con el Consistorio quebrase inesperadamente y dejase de prestar el servicio.

"No podíamos dejar a más de 1.000 vecinos, en su mayoría de edad avanzada, sin el servicio de asistencia por una causa ajena, como la quiebra de la empresa prestataria, y a la espera de la tramitación del nuevo concurso público de adjudicación del servicio", agrega el edil.

García informa de que todos los beneficiarios de este servicio en Santa Cruz fueron debidamente informados a través de una resolución del cambio de sistema y de la entrada en vigor de las prestaciones económicas y señala que el sistema de prestaciones económicas se sustituyó en 2014 cuando entró en vigor el nuevo contrato de adjudicación del servicio a una nueva entidad.

Agrega que la gran mayoría de los beneficiarios no han tenido el menor percance con la Hacienda pública debido a que carecen de ingresos propios significativos y por tanto, la percepción de esa ayuda económica de carácter social no alcanza a los mínimos establecidos en la tributación española.

"Ahora bien, ante la aparición de casos puntuales que no fueron conscientes de que las ayudas eran ingresos desde el punto de vista fiscal, el Ayuntamiento se ofrece a acreditar el origen social de esas prestaciones y a mediar ante la Agencia Tributaria para facilitar una solución razonable", añade.