Los gobiernos municipales de Candelaria, Arafo y Güímar son conscientes de que se enfrentan a "un problema gravísimo y de incierta solución" a partir del 13 de marzo. Ese día expira el plazo para resolver el asunto de los vertidos ilegales y del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar, otorgado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife en un auto emitido el 13 de junio pasado. Hasta dentro de 58 días se mantendrá la suspensión cautelar del decreto de la Alcaldía de Candelaria de cerrar el emisario del complejo industrial más importante de la Isla. Transcurrido ese tiempo, el Consistorio candelariero podrá ejecutar el cierre del emisario.

Desde los tres gobiernos locales del Valle de Güímar se transmite "inquietud", "incertidumbre", "expectación" y "nerviosismo" por lo que pueda ocurrir en dos meses. La puesta en funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI) no se producirá hasta avanzado el año 2019. De hecho, el Cabildo presupuesta este año 1.400.000 para esta obra, esperando el consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, que el proceso de licitación y construcción esté concluido en año y medio.

"La cuestión, entonces, es qué ocurrirá a partir del 14 de marzo, porque no podremos resolver el problema sustancial de los vertidos como nos está exigiendo el juez". Los informes técnicos y jurídicos llevan advirtiendo de esta circunstancia hace tiempo. En el caso de Güímar, la vicesecretaria, María Isabel Santos, es la que ha puesto sobre la mesa este hecho, haciendo que la Alcaldía, en particular, y el gobierno municipal, en general, se cuestionen "si no estamos realmente ante una hipótesis de cierre del Polígono Industrial Valle de Güímar más real que ficticia".

En lo que coinciden todos los consultados es en que "el juez no va a permitir que se continúe vertiendo ilegalmente". ¿Cuál es la medida alternativa que se está barajando y que, incluso, ha sido objeto de consulta con varios empresarios con sede en el Polígono Industrial Valle de Güímar? Que cada industria haga su depuradora particular. "¡Ni de coña!", asegura uno de esos empresarios, con quien coinciden otros. "A nosotros nos vendieron un espacio con una infraestructura y servicios comunes que ahora no tenemos y pretenden que cada uno de nosotros los hagamos y sufraguemos. Esa medida es descabellada". Pero está sobre la mesa "y lo sabemos".

El Polígono Industrial Valle de Güímar sigue vertiendo al mar en las mismas condiciones "o peores, por momentos", que cuando la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) denunció el hecho. "Se da el caso de que ahora no tienen un elemento que permite acumular parte de esos residuos para que no vayan al mar y que el recambio no llegará hasta marzo".

Actualmente, los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar continúan ejecutando la orden judicial por la que tienen que censar a cada una de las empresas radicadas en su ámbito territorial del Polígono Industrial Valle de Güímar, certificar el estado de legalidad de cada una de esas industrias en virtud del cumplimiento de las normativas aplicables a cada caso -"no todo es cosa de licencias", señalan desde Arafo-, determinar cuáles vierten a la red y al emisario, cuáles lo hacen con autorización, cuáles lo hacen sin ella y cuáles se han limitado a iniciar los trámites. "Un trabajo complejo, pero básico".

Todos admiten que se están llevando sorpresas. Aunque el consistorio mantiene silencio al respecto, los consultados coinciden en que "no han hecho análisis porque la situación de esa parte del Polígono es la más complicada, pero todos estamos para sumar y resolver". En Candelaria, por ejemplo, los análisis realizados han constatado "significativos incumplimientos en materia de vertidos contaminantes por parte de empresas de las consideradas de gran poderío". El estado del Polígono en Güímar "es menos caótico" porque las industrias allí emplazadas son "de las que menos contaminan por su actividad y porque tampoco son muchas las que se dedican a elaborar y producir allí".

Y mientras el Consejo Insular de Aguas asume las gestiones para legalizar el emisario submarino y disponer de las autorizaciones correspondientes para que puedan continuar los vertidos al mar, el calendario sigue su curso y el 14 de marzo el juez puede dejar sin actividad el Polígono Industrial Valle de Güímar.

No bastaban nueve meses para resolver

Jorge Riesta, juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife, señaló en su auto del 13 de junio de 2017 que son unas 250 empresas las emplazadas en el Polígono Industrial Valle de Güímar que emplean a unas 3.000 personas. "El cierre de todas o un número importante de empresas conllevaría un perjuicio económico muy relevante que el Ayuntamiento de Candelaria no puede afrontar, en caso de que fuesen presentadas reclamaciones de responsabilidad patrimonial por ello. La pérdida de puestos de trabajo sería inevitable". Además, argumentó perjuicios económicos derivados de impuestos y Seguridad Social. Haciéndose eco de los argumentos esgrimidos por las partes cuando el Ayuntamiento de la Villa Mariana decretó el cese de los vertidos, tras una sanción impuesta por la Apmun, el juez aclaró entonces que "existe una solución" para minimizar los daños a través del control individualizado de los vertidos y la diligente puesta en marcha de un sistema adecuado de depuración industrial y urbana, "que llevaría un tiempo aproximado de nueve meses". Y no, parece ser que serán muchos más los que precisen las autoridades y los técnicos y empresarios para solucionar la contaminación en el Polígono de Güímar. Mientras, continúa su deterioro por falta de mantenimiento.