La Consejería de Sanidad considera un episodio cerrado el incidente en la piscifactoría dependiente del Cabildo de Tenerife, respecto a lo que Podemos afirmó que hay responsables políticos que "no se van a librar del puro ni aunque hagan presidenta a la Virgen de Candelaria".

En una comparecencia en comisión parlamentaria el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, sólo obtuvo el respaldo del grupo Nacionalista Canario en su intervención respecto a las acciones llevadas a cabo en relación con la piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, en un incidente que la oposición calificó de "gravísimo".

José Manuel Baltar dijo que a día de hoy este asunto se trata para la Dirección General de Salud Pública de un episodio cerrado que se está resolviendo en otras instancias, añadió en alusión a las diligencias judiciales, lo que no impide que en su opinión sí que existe la necesidad "urgente" de definir hasta el último detalle la trazabilidad del agua en Tenerife.

Recordó que Salud Pública realizó una inspección sanitaria tras leer en un diario digital el 20 de septiembre de 2017 que se había contaminado el agua destinada a consumo humano por el vertido de líquido procedente de la piscifactoría, en la que las truchas se trataban con antibióticos no autorizados para su uso veterinario.

Ambos extremos fueron confirmados por los inspectores en una visita realizada dos días después, por lo que se ordenó el cese inmediato del vertido y se prohibió el uso del agua del canal del norte -que suministra a todos los municipios de este área de Tenerife y de la zona metropolitana- para la higiene personal y la preparación de alimentos hasta garantizar la salubridad.

El 3 de octubre en una nueva visita de los inspectores se constató que todas las piscinas estaban vacías y limpias y el vertido se había interrumpido definitivamente, y que los gestores de la instalación habían dado estricto cumplimiento a las medidas correctoras que se les habían indicado respecto a los depósitos.

Para el diputado del grupo Popular Zacarías Gómez, que solicitó la comparecencia, de los informes se deduce que la situación era "gravísima", criticó "el cariz" de CC al pretender actuar "con total impunidad" y preguntó al consejero si el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, o del Gobierno canario, Fernando Clavijo, le mandaron "parar las máquinas".

El informe de inspección de Salud Pública tiene "miga", pues no se facilitó documentación sobre el pienso con medicamentos añadidos, no había veterinario acreditado como responsable, el antibiótico utilizado estaba en desuso y las truchas se usaban como alimento en restaurantes de la zona, enumeró el parlamentario.

Además, criticó, "corrieron cientos de imágenes de peces agonizando, por lo que también parece que el sistema de destrucción de los animales fue ajeno a la legalidad".

Por Podemos el diputado Juan Márquez aseveró que éste es uno de los hechos más graves ocurridos en Canarias en los últimos tiempos "y es alucinante cómo no se le ha dado relevancia", añadió que Sanidad tiene responsabilidad "in vigilando" y junto con el Cabildo de Tenerife es responsable del vertido que contaminó el agua para consumo humano.

"Aquí hay responsables políticos que no se van ir de rositas y no se van a librar del puro que les va a caer ni aunque hagan presidenta a la Virgen de Candelaria", advirtió Márquez.

El diputado del grupo Nacionalista José Manuel Pitti aseveró que este caso lo lleva desde octubre de 2017 el juzgado de instrucción número 1 de La Orotava, que ha citado a declarar a técnicos de la instalación "que tienen derecho a la presunción de inocencia que niega Podemos", y afirmó que la actuación política en este caso ha sido "expeditiva".

Juan Márquez replicó que los datos que había leído en su intervención proceden del auto del citado juzgado, no de un círculo de Podemos, insistió en que hay responsables políticos y señaló que él no viene al Parlamento a dictar sentencia ni a oficiar misa.

Teresa Cruz, del grupo Socialista, se preguntó qué sistema de protección había sobre las truchas, cuántas inspecciones se ordenaron y si había control sobre las plagas y sobre el personal que suministraba los productos químicos pues no parece normal, añadió, que haya más vigilancia en la cocina de un centro de menores que en la piscifactoría.

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza apuntó que este caso generó una alarma ciudadana bastante grave y mostró su preocupación por la posibilidad de que los vertidos se hubieran estado produciendo desde la construcción de la piscifactoría en 1972.

El consejero José Manuel Baltar respondió a los grupos que parte de las preguntas que le plantearon dependen de las consejerías de Agricultura del Cabildo o del Gobierno y reconoció que también vio las fotos de las truchas agonizando y le parecieron "graves".

No obstante, indicó que ha habido "una maniobra de transparencia total" por parte de los técnicos de Salud Pública y advirtió de que "a mí no me han dado órdenes ni Clavijo ni Alonso" en este asunto.