El presidente de la Federación Insular de Asociación de Vecinos (FAVE) y vicepresidente de la Convave, Pedro Paz, solicitó ayer al Ayuntamiento de Santa Cruz la "restitución" de la directiva de la asociación de vecinos Capuchino, de Finca La Multa, cuyo presidente "legalmente elegido" fue apartado, a su juicio, de forma irregular.
El conflicto se retrotrae a hace aproximadamente un año, cuando agentes de la Policía Nacional detectaron, en una intervención, sustancias estupefacientes en el local vecinal. De esa actuación salió detenido el que en ese momento era presidente de la asociación, Jonathan Rodera.
Mientras salía el juicio por la posesión de esa droga, y según cuenta Pedro Paz, "lo que legítimamente estaba elegido y presentado se renombró en la Concejalía de Participación Ciudadana con un par de personas del barrio, pero sin haberse convocado ningún proceso electoral". Al estar apartado el presidente lo podía hacer el vicepresidente, aclara Paz.
No obstante, y según puntualiza el presidente de la FAVE, "como Rodera metió cizaña, no se han atrevido a darle apertura a la nueva junta directiva, y el local lleva ya cerrado un año". Rodera tiene aún dentro del inmueble sus pertenencias.
"Ha sido una lucha constante del joven por recuperar el local, pero no ha habido manera", asegura Pedro Paz, quien hace referencia al escrito que el fiscal ha enviado el Juzgado de Instrucción que investiga el caso, en el que solicita el sobreseimiento de la causa y el archivo del procedimiento.
"El chico ha hecho una gran labor social en el barrio, y vecinos de la zona lo han respaldado. No hay quejas de los ciudadanos, que dicen que ha hecho un gran trabajo", añade el presidente de la FAVE, quien llama la atención también sobre otro hecho derivado de la "inactividad" obligada: siguen llegando facturas de la luz a su nombre porque cuando entró a formar parte de la directiva firmó él como responsable. "La empresa le solicita 900 euros, vía judicial, de facturas impagadas", remarca.
Sobre este asunto, el concejal de Patrimonio, Juan José Martínez, reconoció que el asunto es "complejo", y avanzó que "escucharán" a la FAVE, porque están "barajando" alternativas para el local, que es propiedad municipal.
"Hay unos antecedentes objetivos sobre lo que ha pasado en el local, y nosotros tenemos que velar por el buen uso. Por eso barajamos distintas alternativas", añadió Martínez.
En relación a la existencia de otra asociación, el concejal avanzó que pedirán informes a los Servicios Jurídicos y Participación Ciudadana para aclarar el asunto.