La Audiencia Provincial ha condenado al exconcejal del Ayuntamiento de Santa Cruz Norberto Plasencia a cuatro años de prisión y a pagar al consistorio de la capital más de 290.000 euros de indemnización, correspondiente al sobreprecio abonado con cargo a las arcas públicas en la compraventa de la casa Siliuto, ubicada en el barrio del Toscal, así como lo devengado por el impuesto de plusvalía.

Plasencia, uno de los hombres fuertes de Miguel Zerolo en el ayuntamiento, es condenado, por el delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación agravada de caudales públicos, a la pena de cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación absoluta, y por el de prevaricación a siete años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, así como a abonar un tercio de las costas procesales y de los honorarios de la acción popular y del actor civil.

La Fiscalía pedía para él siete años de prisión y doce de inhabilitación absoluta, por el primer cargo, y, por el segundo, tres y seis, respectivamente.

Por su parte, la acción popular ejercida por la formación política Izquierda Unida (IU) situaba las penas en 10 años de inhabilitación por prevaricación y de ocho de cárcel y 20 de inhabilitación por malversación.

Se da la circunstancia de que el mismo exedil está ya cumpliendo condena por otro caso, el del "mamotreto" - aparcamiento de Las Teresitas-, por el que fue condenado a dos años y tres meses de cárcel.

La Audiencia, sin embargo, ha absuelto a los otros dos acusados, Manuel Parejo y Víctor Reyes, que fue defendido por Ladislao Díaz Monllor. El primero, también exconcejal de Santa Cruz, ya cumple condena, al igual que Plasencia, por el caso Mamotreto y está condenado en el caso Las Teresitas. El segundo, en ese momento secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, también está condenado por el caso Las Teresitas, aunque esa sentencia aún no es firme.

Los hechos por los que ha sido condenado el exconcejal de Coalición Canaria se remontan a 2011, cuando IUC presentó una denuncia contra la cúpula del área de Urbanismo, siendo alcalde Miguel Zerolo. La razón: el sobreprecio que, a su juicio, se había pagado por el inmueble ubicado en el barrio de El Toscal. Ahora ha quedado demostrado.

En concreto, y según acredita el tribunal, Norberto Plasencia eligió la oferta menos ventajosa para el ayuntamiento, la de la familia propietaria del inmueble, que situaba el precio en 612.777 euros, mientras que los técnicos municipales estimaban que la cantidad a pagar debía ser 332.469 euros, debido a una serie de limitaciones urbanísticas que tenía el edificio. Un tercer informe, de la sociedad de tasación Tinsa, valoraba la casa en 705.966 euros.

La sentencia, que ayer fue comunicada a las partes, puede ser recurrida en casación.

El juicio por el caso Siliuto se celebró a comienzos de julio del año pasado. La estrategia de las defensas de los tres acusados en aquel momento se basó en sembrar dudas sobre la tasación municipal, que fijaba el precio en la mitad de lo que se pagó, al considerar que no reflejaba adecuadamente el valor de mercado, además de que incluso contenía errores aritméticos. Los peritos, sin embargo, ratificaron ante el tribunal sus tasaciones.

No obstante, las declaraciones más llamativas las hicieron los acusados y algunos testigos. Norberto Plasencia, por ejemplo, dijo que él llevaba solo unos meses como responsable de la Gerencia de Urbanismo y que se limitó a tramitar un expediente que tenía informe favorable de la Intervención y de legalidad, sin saber quién tomó la decisión de comprar. Tampoco comprobó que en la misma notaría a la que acudió a firmar la compraventa se acababa de modificar la escritura a petición del vendedor, para que el ayuntamiento se hiciera cargo del impuesto de plusvalía, en contra de lo aprobado por el Consejo de Administración.

Y el vendedor, Francisco Alonso Siliuto, testificó que él había puesto como condición que la plusvalía la pagara el consistorio, pero como no figuraba así en la escritura el día que fue a firmar pidió que se cambiara "y lo aceptaron", sin que el notario advirtiera que la legislación establece que el pago corresponde al vendedor.

Paralelamente al procedimiento judicial, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha seguido con su hoja de ruta para restaurar la casa Siliuto, cuyas obras están ya adjudicadas.