El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, admitió ayer que la compra de un edificio en Cabo Llanos al empresario Antonio Plasencia -condenado por los casos de Las Teresitas y los áridos de Güímar- por un importe global de 29,1 millones tiene un "coste político", pero dijo que la operación es legal y positiva para dependientes, familiares y trabajadores del hospital sociosanitario Febles Campos.
En declaraciones a los periodistas, comentó que el precio final es "adecuado" porque así lo han fijado los funcionarios, y cuenta con el aval del IASS, la Intervención del propio Cabildo y el área de Patrimonio. "Para eso tenemos los servicios técnicos", indicó.
El presidente del Cabildo admite que la adquisición del inmueble tiene un "coste político"
Según Alonso, el precio no es "excesivo", porque el coste por plaza sociosanitaria, incluyendo el coste del edificio y los seis millones que cuesta la transformación del inmueble, están en línea o por debajo de infraestructuras similares.
Asimismo, defendió un "coste de oportunidad muy importante", dado que los usuarios de los centros de Ofra y Febles Campos van a "mejorar sus condiciones" en Cabo Llanos. Sobre las críticas del PSOE, afirmó que esta operación se ha debatido "varias veces" en Consejo de Gobierno y en el Consejo Rector del IASS.