Los empresarios de Las Palmas han puesto el grito en el cielo por lo que nosotros estamos denunciando aquí constantemente: la maraña de leyes contradictorias que impide cualquier inversión segura y que crea una terrible inseguridad jurídica en las Islas.

Los empresarios extranjeros (y españoles también) que en los últimos años han querido invertir en Canarias se retiran en cuanto sus abogados indagan en las leyes urbanísticas en vigor, que provocan sentencias judiciales disparatadas, interpretaciones torticeras y un tremendo recelo entre los que desean dejar aquí su dinero.

También algunos movimientos ecologistas obsoletos, reñidos con los tiempos que corren, provocan la risa y el espanto de estos inversores. Esa especie del "no a todo", alimentado por personajes ruines, malos hijos de las Islas que no quieren que ni éstas ni sus habitantes levanten sus cabezas.

Lo primero que tenía que hacer el Gobierno autónomo es derogar todas las leyes urbanísticas y dejar en vigor sólo una, que sea clara. Cuatro administraciones dictan sus normas sobre el territorio: la estatal, la autonómica, la insular y la municipal; al menos las tres últimas tienen asignadas competencias urbanísticas. Cuatro, porque el Estado interviene en las costas. Es de locos.

No hay forma de ponerse de acuerdo y por un lado la moratoria, por otro los planes insulares, por otro las normas municipales, las subsidiarias, las medidas urgentes y la madre que los parió han tejido una madeja de tal complicación que nadie mueve un ladrillo, nadie quiere meter un duro en Canarias por miedo a que le paren las obras. Y nadie arriesga, con la consiguiente pérdida de empleo, la crisis de la construcción y la opinión generalizada de que invertir en las Islas es una temeridad.

La consecuencia es más pobreza. A los empresarios de Las Palmas les ha contestado Rivero que no es lógico que quieran ganar mucho dinero en poco tiempo. No sé lo que pensará el todavía presidente, pero precisamente la meta de un buen empresario debe ser ganar mucho dinero en el menor tiempo posible. Naturalmente, aderezado este legítimo deseo con otras virtudes que no vienen al caso. Nos parece que el señor Rivero no ha estado mucho tiempo -o nada- metido en el mundo empresarial. ¿O es que él -o su mujer, Mena- no quiere ganar mucho dinero con su sauzalero restaurante Jalea de Menta?

En fin, que las normas urbanísticas cambien, que se refundan en una sola y que no se haga más el pato en estas malhadadas islas. En las que cada vez es más difícil ya no vivir, sino sobrevivir.