No hay derecho. El Gobierno de Canarias adeuda a las farmacias isleñas los meses de junio y julio y lo que va transcurrido de agosto, unos 100 millones de euros, lo que puede provocar desabastecimiento, cierres patronales, concursos de acreedores y despidos.
Cuando un ciudadano no paga sus impuestos, el Ejecutivo lo embarga. Pero cuando es el Gobierno el que no cumple sus compromisos no se le puede embargar. Luego las leyes en este país son manifiestamente injustas.
¿Qué pretende el Ejecutivo de Paulino Rivero, arruinar a las farmacias? Estamos acostumbrados a que los políticos no cumplan su palabra, pero decir que iban a abonar una cantidad en los primeros días de septiembre y haber llegado a mitad de este mes y no haber pagado un euro nos parece grave. Grave, porque aumenta el descrédito del Gobierno y la zozobra de profesionales que se ganan la vida trabajando, con unos márgenes de beneficio que ya no son lo que eran.
Esta actitud del Ejecutivo tiene la primera consecuencia: algunas farmacias no piden a los mayoristas los medicamentos caros; otras oficinas están vetadas por esos mayoristas a causa de sus deudas; la mayor parte de ellas ha tenido que acudir a confirmings (adelantos) con los bancos porque no hay liquidez para pagar nóminas y suministros. Con fuertes pagos por intereses a estas entidades bancarias, lo que baja aún más su margen de beneficios.
Es inmoral que se esté cometiendo este atropello con las oficinas de farmacias canarias y que Paulino Rivero no pida el rescate de Canarias al Estado. Los errores en la gestión pública que los asuma el Ejecutivo, no que los paguen honrados empresarios y trabajadores que conforman un sector serio, que nunca ha planteado un problema en siglos de historia. Un sector sometido a terribles recortes en los últimos años y que está siendo desmantelado por un Ejecutivo sin escrúpulos.
No nos extrañarían medidas de presión por parte de los colegios farmacéuticos. El Gobierno de Canarias se las habrá ganado por su desidia y, probablemente, por su mala fe. Se atienden pagos mucho menos perentorios a proveedores menos sensibles y con muchas menos prisas. Y se le toma el pelo a un sector serio, absolutamente fundamental en el sistema sanitario.
Y no es la primera vez, sino que la historia se repite. El Ejecutivo de Paulino Rivero está jugando con fuego y se puede quemar más pronto que tarde. Con la salud de los canarios no debe jugar cualquier persona bien nacida. Sería injusto.