Son ya más de treinta mil las personas que hemos pedido desde Change.org el indulto de Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura que -con 63 años- ha sido condenada a seis meses de prisión por no derribar su casa, construida en un espacio protegido en Betancuria. Josefa vive con una hija con un cuarenta por ciento de discapacidad, un hijo parado desde hace años y tres nietos menores. La mujer ha asegurado que está dispuesta a tirar la vivienda, situada en un terreno de su propiedad, y a la que hizo unas reformas ilegales para poder instalar a su familia. Dice que lo hará en cuanto disponga de otra, pero que no puede dejar a sus hijos y nietos sin techo. El viernes, antes de embarcar hacia Lanzarote para ingresar en la cárcel de Tahíche durante seis meses, Josefa sufrió un desmayo y tuvo que ser ingresada primero en el centro de salud de Corralejo y luego en el hospital de Fuerteventura.

Tras la puesta en circulación de la iniciativa de una de sus hijas, pidiendo su indulto al ministro de Justicia, el Gobierno de Canarias ha intentado mediar para agilizar el trámite de indulto y que la señora no ingrese en prisión. No estaría mal que, además de acelerar el indulto, el gobierno regional consiguiera acelerar también la entrega de una vivienda alternativa para esta mujer y su familia.

Mientras eso ocurre, uno se pregunta qué clase de mundo estamos construyendo, en el que se producen situaciones tan contradictorias como la de esta pobre mujer y la de ese importante empresario vinculado al mundo de la seguridad, inversor en periódicos digitales y propietario de la Unión Deportiva, indultado hace dos años por el Gobierno de Rajoy por la misma causa que doña Josefa, una causa que en su caso lleva coleando durante años: no ha ingresado en prisión a pesar de que el indulto fue anulado por el Tribunal Supremo porque el Gobierno se lo tramitó apresuradamente y sin las debidas garantías. Entiéndanme: no tengo ningún deseo de ver a Miguel Ángel Ramírez en la cárcel. Todo lo contrario, creo que su sentencia -como tantas otras que tienen que ver con la construcción ilegal- fue excesiva, y espero que Ramírez encuentre la forma de no ingresar en prisión. Pero si Ramírez no está en la cárcel y a esta pobre mujer la van a meter entre rejas esta semana si alguien no lo remedia, es porque mientras Ramírez tiene relaciones y recursos para poder defenderse -casi un millar de contratos para vigilar administraciones públicas, entre ellas el Metro de Madrid, el Palacio Real, el Ministerio de Defensa o los juzgados de Canarias-. Josefa lo único que tiene a su favor es la presión social que podamos hacer para que no la enchironen.

Sabemos que la vida es injusta, que hay hoteles, chaleses, urbanizaciones y edificios públicos construidos sin licencia, y con mucho mayor impacto ecológico o urbanístico que las reformas del chozo de Josefa. En la mayoría de los casos no pasa nada, porque los abogados o los políticos se encargan de resolver el problema. Pero Josefa no tiene abogados. Seamos nosotros sus abogados: https://www.change.org/p/al-ministro-de-justicia-indulte-a-mi-madre-de-entrar-en-prisi%C3%B3n-6-meses.