El Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz ha dictado finalmente la apertura de juicio oral en el caso Las Teresitas, que comenzará a verse a principios del próximo mes de enero, después de años de pasearse entre los juzgados de Canarias y Madrid. El auto está firmado por la magistrada Zábala Sanz, que es la que se ocupa ahora del procedimiento, devuelto por el Supremo tras la baja de Miguel Zerolo en el Senado. Una baja decidida por el exalcalde después de la sentencia parcialmente inhabilitante recaída sobre él por el caso del instituto Pedro García Cabrera. Según la jueza, los hechos recogidos en el caso Las Teresitas caracterizan como delictivas las actuaciones del exalcalde y de otros doce imputados, a los que se acusa de prevaricación y de malversación de dinero público.

Ha llovido mucho desde que este asunto arrancó, y el sumario ha dado ya tantísimas vueltas, que ha logrado marear a todo el mundo. Especialmente a la opinión pública, que no acaba de entender las dilaciones interminables en el procedimiento, fruto -la mayor parte de ellas- de la estrategia defensiva de Zerolo y de sus cambios de aforamiento. El caso se origina en la denuncia presentada por un colectivo ecologista (pantalla de un sector del PSOE) contra la decisión de todos los concejales de Santa Cruz (incluyendo los del PSOE) de pagar a la empresa Inversiones Las Teresitas -propiedad de dos de los más importantes empresarios de aquella época, Antonio Plasencia e Ignacio González- algo más de 52 millones de euros por la adquisición de 11 parcelas del frente de playa. Esa cantidad -a juicio de la arquitecta municipal Pía Oramas- superaba en 30 millones el valor real del suelo adquirido. El Ayuntamiento en pleno justificó la compra en la necesidad de evitar que los empresarios destinaran los terrenos del frente de playa a construir, dado que el Ayuntamiento quería realizar una intervención urbanística completa, que incluía la construcción del edificio de aparcamientos hoy conocido como "Mamotreto", también empantanada y con sentencias muy duras contra los implicados en ese expediente. Y es que, con posterioridad a la denuncia por la compraventa, se han producido multitud de procedimientos paralelos, como el del Mamotreto, o el que tiene que ver con el hecho de que el Ayuntamiento supiera que los terrenos que compraba eran ya de su propiedad cuando pagó por ellos.

El juicio oral ya no parece tener retroceso, y cuando acabe tendremos una visión mucho más precisa sobre un affaire que Zerolo y sus próximos consideran un montaje de carácter político, pero que ha sido también reiteradamente definido como "pelotazo de libro". Es un caso que implica a políticos de todos los partidos y a empresarios y funcionarios muy conocidos, para los que se solicitan durísimas penas de inhabilitación y de prisión, en un ambiente de expectación y fin de ciclo político. Será sin duda el mayor juicio de la historia democrática de Canarias, comparable en su alcance mediático y repercusión social al juicio del caso Santaella, celebrado en plena Transición.