Dicen que en Canarias nunca pasa nada. Hasta que pasa. Los tiempos de la impunidad se están acabando en todas partes. Para muestra, lo de Arona, un feudo tradicional de la trapisonda y la corrupción, en la que parece que empiezan a aclararse algunas cosas: Berto González Reverón, el exalcalde de Arona, ha sido citado para comparecer ante la justicia en dos de los procedimientos abiertos en relación al "caso Arona". Tendrá que comparecer primero del 7 al 10 de diciembre en uno de ellos, una historia de tráfico de influencias en la que está implicado un cabo de la Guardia Civil, y luego, desde el 12 de enero hasta bien entrado el mes de mayo, prácticamente todos los días durante medio año. Y es que en los 63 tomos del sumario del caso y sus hijuelas, recogen con precisión la asombrosa capacidad para darle al pico sin parar, del entonces alcalde aronero, apartado ya de la Alcaldía por sentencia del 28 de junio de 2012, con condena de cuatro años y seis meses de inhabilitación por delito continuado de prevaricación. Desde su teléfono, el alcalde Berto se comprometía a resolver todos los problemas: lo mismo a contratar como policía a una sobrina del presidente del Gobierno, Paulino Rivero -que no logró el puesto porque la pillaron copiando en el examen-, que a "interesarse" por dos protegidas de un consejero del Cabildo, que ellas sí acabaron con plaza en el ayuntamiento. Pasando por la retirada de multas de tráfico, la autorización a un viejo camarada para que vendiera bebidas alcohólicas en el terrero de lucha municipal, o la contratación de un grupo de rock representado por una amiga. Tampoco se cortaba demasiado Berto si se trataba de enchufar a una conocida para que trabajara en la guardería municipal o de modificar a su aire el baremo para que fueran aceptados en la escuela infantil los pibes que él quería.

Casi diez años han pasado desde que Anticorrupción presentó la denuncia. En ese tiempo -y 22.000 folios después- se ha sustanciado para González Reverón una solicitud de condena de tres años de cárcel, más 35 de inhabilitación para desempeñar cargo y empleo público y multa de 20.000 euros. También se juzga al gobierno local de la etapa 2003-2007, por aprobar entre enero de 2004 y noviembre de 2006 la concesión de 205 licencias urbanísticas advertidas de ilegalidad y 75 expedientes de contratación con informes negativos.

El exalcalde, que ahora tiene una gestoría que presenta a sus vecinos como la del alcalde Berto, sigue presumiendo de ser el conseguidor mayor del pueblo. Sus andanzas y apaños, sus manejos y su particular forma de entender las funciones y prerrogativas de su cargo, acabaron con él y otros 34 imputados. Finalmente, el juez ha dejado el asunto en "solo" 17 acusados: probablemente no están todos los que debieron haber estado. Alguno consiguió salir de rositas. Pero ya se sabe que la justicia no es perfecta. Aunque al final, llegar llega.