Nuevo batacazo para los imputados en el caso Las Teresitas: el juzgado ha desestimado los recursos presentados por Miguel Zerolo y el resto de los imputados, a los que se solicita una fianza de 105 millones de euros, una cantidad sin duda desorbitada para un mortal normal y corriente, pero que se fija para dar cobertura al daño patrimonial que -cree el juez- pudo producirse a las arcas municipales como consecuencia de la operación de compraventa de la playa. Los trece acusados pueden aún recurrir a la Audiencia Provincial (y probablemente lo harán, siquiera por ganar tiempo), pero una vez el rechazo del recurso sea firme (y nadie duda entre los que siguen el procedimiento que al final lo será), se procederá al embargo de los bienes de los acusados. Para algunos, además, llueve sobre mojado: Antonio Plasencia, expresidente de los empresarios de la construcción, ya ha sufrido embargos por valor de 60 millones de euros, para cubrir la fianza por la extracción ininterrumpida de áridos en Güímar.

Con la inminente apertura del juicio oral, comienza de verdad el calvario de Zerolo y de quienes -desde su partido en el ayuntamiento, y también desde fuera de su partido- le siguieron y ayudaron en la operación urbanística más polémica de las producidas en Tenerife en los últimos cincuenta años. No sólo por el suculento pago realizado por una playa que ya era en parte de titularidad municipal -52,5 millones de euros-, también por la creciente certeza de que todo el asunto supuso un extraordinario negocio para Ignacio González y Antonio Plasencia, dos empresarios con excelentes relaciones económicas y políticas con el poder local en Santa Cruz de Tenerife. Para justificar la actuación de ambos en este "affaire", en el que multiplicaron en brevísimo espacio de tiempo el capital invertido en la compra de los terrenos, facilitado además por una cuestionable operación crediticia de la quebrada CajaCanarias, se ha dicho que los empresarios están para ganar dinero. Sin duda: las empresas deben hacer negocio y ganar dinero. El problema es que deben hacerlo con transparencia y en igualdad de oportunidades, arriesgando su propio peculio y cumpliendo las leyes. En esta extraordinaria operación, los empresarios ganaron muchísimo dinero, prácticamente sin poner un duro. La compra inicial de los terrenos de Las Teresitas se produjo con un préstamo, y la venta se realizó a un ayuntamiento que -probablemente, eso debe demostrarse a lo largo del juicio- ya era dueño de una parte importante de los terrenos comprados. Los empresarios amortizaron el crédito con lo que les pagó el ayuntamiento, y luego vendieron la parte de Las Huertas con unas plusvalías extraordinarias. Todo ello moviéndose en el terreno de lo público: un chivato que avisa de la decisión que va a adoptar el Supremo en relación a las parcelas, un contacto en la junta de compensación que agiliza su compra por los empresarios, una caja de ahorros que presta la pasta que haga falta sin hacer muchas preguntas, y un ayuntamiento que paga más de lo que vale lo que le ofrecen. Eso no es hacer negocio. Eso es más bien un pelotazo.