Hay cierto nerviosismo en la Delegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, por la filtración del expediente por el que se suscribió contrato con una imprenta de Tenerife, a la que se adjudicó la impresión de las papeletas de las elecciones generales del 20 de diciembre, por un precio casi un veinte por ciento superior al de otra imprenta ofertante. Lo que provoca los nervios es que existe la constancia de que la licitadora que resultó agraciada ha trabajado realizando propaganda electoral del Partido Popular, lo que ha provocado malestar entre funcionarios de la subdelegación.

También la imprenta que hizo la oferta más baja ha presentado un recurso en contra del resultado del concurso para suministrar las papeletas. La recurrente denuncia arbitrariedad en la adjudicación a otra imprenta que ofertó un precio mayor, ya que la Comisión de Contratación no habría respetado las condiciones legalmente estipuladas y se habría optado por adjudicar en base a criterios que no tienen soporte en los previstos en los pliegos. No se tuvo en cuenta -eso resulta obvio- la oferta económica por el precio más bajo, que suele ser el elemento objetivo determinante para la adopción de la decisión: la oferta perdedora se comprometía a realizar el encargo por poco más de 46.000 euros, mientras que la ganadora se llevó el contrato por casi 56.000 euros, con una diferencia entre ambas de 9.500 euros, y en ambos casos, por la impresión del mismo número de papeletas, poco menos de diez millones, correspondientes a 21 candidaturas.

La explicación dada por la Subdelegación del Gobierno al hecho de contratar la oferta más cara es que, dado que las dos ofertas eran prácticamente iguales (aunque existe una diferencia de casi el veinte por ciento entre la oferta de la empresa denunciante y la de la adjudicataria, a favor de la primera), al final se habían tenido en cuenta las mejoras introducidas por los adjudicatarios. La mejora en cuestión, presentada por la imprenta a la que se adjudicó, consistía en plantear una distribución -distinta a la pedida en los pliegos- de las papeletas impresas por cada partido, incrementando las de los partidos con menos posibilidades, minimizando de esta forma -según la Delegación del Gobierno- "cualquier riesgo que pudiera suponer un número de candidaturas superior a las veinte contempladas para elaborar el presupuesto base de licitación". Una extrañísima explicación, que a la empresa adjudicada no le supone ningún coste añadido que explique el alto precio.

Los recurrentes, que habían sido invitados por el procedimiento negociado (la cantidad máxima en estos procedimientos es de sesenta mil euros, apenas 4.000 por debajo de lo ofertado por la imprenta que ganó) no recibieron ninguna llamada para poder presentar mejoras. Al no recibir ninguna comunicación, insistieron con llamadas ante la Delegación, que por fin les contesto comunicando por un correo electrónico que, dado el carácter urgente del contrato, no se había contactado con ellos y ya se había adjudicado a otra empresa...

La verdad es que no huele demasiado bien.