El consejero Morera anunció el jueves la decisión del Gobierno de Canarias de volver a prestar asistencia sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Todos ellos -se estima que en Canarias son entre 7.500 y 10.000 personas, menos del 0,5 por ciento de la población total- recuperan el derecho a la Sanidad Universal y a recibir la ayuda de un 40 por ciento en la compra de fármacos. Los inmigrantes fueron excluidos de ese derecho por un injusto e insolidario decreto del Gobierno del PP, que con la excusa de reducir gastos, dejó a centenares de miles de personas desatendidas. Lo cierto es que la supuesta reducción de costes no sólo no se produjo (no hubo reducción de personal, no bajaron las cantidades destinadas en los presupuestos a atender las prestaciones sanitarias, no se produjo ahorro alguno), sino que algunos médicos, con el propio Morera a la cabeza, consideran que probablemente la medida -además del sufrimiento producido a las personas afectadas- pudo suponer a la larga un aumento del gasto público. Porque los inmigrantes se vieron obligados a renunciar a la asistencia preventiva, pero siguieron acudiendo a resolver sus problemas sanitarios en los servicios de Urgencias, mucho más caros. Se trató, pues, más de una típica medida cosmética, presentada demagógicamente a los ciudadanos como si fuera a producir un importante ahorro en gasto social. Una medida que señalaba al inmigrante -al extranjero, al foráneo, al otro- como responsable de las cargas sociales que soporta el país, metiendo en el mismo saco a trabajadores legales, residentes ilegales o inmigrantes recién llegados en patera a las costas de Canarias. Una falsedad desmontada en la práctica al comprobar que fue precisamente la aportación de tres millones de trabajadores inmigrantes la que provocó el mayor superávit de la Seguridad Social española en toda su historia. Un superávit que el Gobierno se ha gastado esta último legislatura de ajustes, reduciendo las reservas de la Seguridad Social a la mitad. Pero esa es otra historia. La que nos ocupa es que la mayor parte de los inmigrantes que entraron en España en la época de bonanza vinieron a trabajar, ocuparon los trabajos que los "nuevos ricos" españoles no queríamos, eran jóvenes, no había pensionistas entre ellos, precisaban menos atención sanitaria que la media de los trabajadores, y su absentismo fue escaso. Por eso crecieron las reservas de la Seguridad Social. Es una cuestión de justicia atender a los que no dejaron el país cuando se agravó la crisis y perdieron sus trabajos. Son seres humanos. Parte de una Humanidad que siempre ha sido emigrante.

Al final, Canarias ha tardado un año más que las otras regiones gobernadas por el PSOE, en aplicar la medida, porque en la pasada legislatura Sanidad estaba en manos de la nacionalista Brígida Mendoza, y el Gobierno de Paulino Rivero, un político muy crítico con la inmigración, prefirió no sumarse a la negativa de los socialistas a aplicar el decreto nacional. Por eso el PSOE anunció en la pasada campaña regional su intención de reincorporar a los inmigrantes a la sanidad universal en esta legislatura, al margen de su condición legal. Y lo ha cumplido, en plena campaña electoral, a sabiendas de que para muchas personas, se trata de una medida impopular.