Santa Cruz demolerá el mamotreto, ese horripilante edificio de aparcamientos con zonas comerciales levantado en la entrada de Las Teresitas, y que los chicharreros nunca tendrán la oportunidad de ver acabado. En el proyecto presentado por Dominique Perrault, uno de los más reconocidos arquitectos europeos, el mamotreto quedaba enterrado y fuera de la vista. Lo que los chicharreros hemos estado contemplando durante todos estos años no sería visible si el proyecto se acabara. Pero la urbanización de la playa nació manchada por el escándalo de la compra municipal a Ignacio González y Antonio Plasencia. A partir de ahí, todo se convirtió en una guerra política termonuclear, en la que los intereses municipales pasaron a segundo plano. El mamotreto se construyó a toda prisa. Quizá para hacer irreversible la ocupación de la playa, y con ella la operación de compra de su frente. El proyecto fue una chapuza: se invadieron zonas de dominio marítimo-terrestre, y se construyó sin contar con los permisos y licencias necesarios, iniciándose una larga pelea entre el ayuntamiento y Costas. Un conflicto que debería haberse resuelto por la vía contencioso-administrativa aterrizó en la vía penal y acabó concluyendo con una sentencia de demolición y penas efectivas de cárcel para los concejales y funcionarios implicados en la dirección y ejecución del proyecto, a los que -además- se les exige que paguen de su bolsillo la demolición. Daría risa si no diera miedo.

Porque no se trata de un caso de corrupción económica, o al menos no es eso por lo que se han impuesto las penas y ordenado la demolición, sino de un conflicto entre administraciones. Ahora hay personas a punto de ir a prisión, y el ayuntamiento va a tirar el aparcamiento. La broma va a costarnos un montón de millones a los vecinos. El casi millón de euros que costará demoler el edificio (y que es dudoso que puedan pagar los condenados), los siete u ocho millones que costó levantarlo, y lo que se ha gastado en vigilarlo todos estos años. Ese dinero lo vamos a pagar entre todos los chicharreros, y después, pagaremos también la construcción de otro aparcamiento, porque así se contempla en el planeamiento urbanístico.

Es un disparate. Una "solución" kafkiana pero ya inevitable: después de años de conflictos entre administraciones y entre partidos políticos, y de procedimientos judiciales también pagados por todos, es la "solución" judicial que ha prevalecido. Meter a funcionarios y concejales en la cárcel será muy ejemplificador, sí. Tendrán tiempo de leer a Kafka, pero no se hace justicia: se enchirona a los que obedecieron órdenes, no a los que se pusieron las botas. Ninguno de los que se enriquecieron con el "pelotazo de libro" apareció por este proceso. Ni se les citó.

¿A quién beneficia todo esto? A nadie. ¿Y a quién perjudica? A los cuatro pringados, funcionarios y concejales, al ayuntamiento que sacará el dinero de otros gastos mucho más necesarios, y a los vecinos que a la postre vamos a pagarlo todo. ¿Y por qué? Porque se hizo mal, se hizo deprisa, y luego se recurrió a la vía penal en vez de intentar un acuerdo entre administraciones. Todo absurdo. Y muy injusto: es probable que los verdaderos beneficiarios de la operación no reciban nunca el castigo contundente que ya ha arrasado la vida de los segundones. Parafraseando el anuncio... "qué asco vivir aquí".