Antes de ser presidente, Fernando Clavijo tuvo la ocurrencia de referirse a la necesidad de reformar el funcionamiento de la Cotmac -la comisión de ordenación del territorio, un organismo regional teóricamente independiente que da el visto bueno a los planes generales de ordenación urbana-, para evitar retrasos y dilaciones en la aprobación de esos planes. Coincidía Clavijo con una propuesta similar hecha por Soria cuando era presidente del Cabildo grancanario, de la que se olvidó nada más llegar al Gobierno regional. Y es que uno cosa es criticar la tauromaquia y otra ponerse a mover un trapo colorado delante del toro.

Desde los ayuntamientos y los cabildos es frecuente responsabilizar a la Cotmac del retraso de los planes territoriales, y de las idas y vueltas de esos planes por los distintos niveles de la administración pública. Atribuir el retraso en la aprobación de los planes a la Cotmac es básicamente injusto: cierto que sus deliberaciones contribuyen a que los retrasos se acumulen, pero esa acumulación arranca desde el mismo proceso de redacción municipal. Lo que ocurre es que al final es la Cotmac la que da el visto bueno. Cuando vamos a comer a un restaurante y el servicio se retrasa, lo normal es armarle la bronca al camarero, aunque el problema suele estar en la cocina. Si eres al mismo tiempo el que cocina el plan y el que quiere comérselo, la Cotmac será siempre la culpable de todos los retrasos, y más aún si el plan tiene que volver a pasar por las cocinas para resolver pegas, algo que ocurre siempre.

Clavijo prometió a los empresarios que los trámites previos a la construcción se aligerarían, una promesa tan recurrente como incumplible, porque lo que los empresarios quieren es poner la instancia y meter las palas ese mismo día. Cualquier plazo les parecerá siempre excesivo. Clavijo quería aligerar el funcionamiento de la Cotmac y dar más responsabilidad a ayuntamientos y cabildos en la aprobación de los planes, pero cuando llegas al Gobierno te das cuenta de que es imprescindible un organismo regional de control, que evite algunos de los disparates técnicos (o no) que llegan con los planes. Además, agilizar los trámites no es responsabilidad de la Cotmac, sino de las administraciones, de todas ellas. Canarias ha aprobado en los últimos años una maraña tal de leyes, directrices, moratorias y trámites, que a veces son contradictorios entre ellos o con las normas y reglamentos municipales o las disposiciones insulares.

Lo razonable sería simplificar los procedimientos, con una ley nueva que no complique aún más las cosas, sino que derogue lo superfluo o contradictorio y uniformice mecanismos y procedimientos. Una nueva Ley del Suelo, que es lo que anda ahora prometiendo Clavijo. Una ley no oportunista, que no se haga para resolverle un problema concreto a algunos (eso se hizo en Lanzarote con la primera moratoria, o en Gran Canaria con los hoteles de cinco estrellas), sino a proteger el territorio y dar garantías jurídicas a quienes operan sobre él. Porque escándalos como los de las indemnizaciones por la moratoria no podemos permitírnoslos.

Por eso, no creo que el objetivo de esa nueva ley sea quitarle competencias a la Cotmac. Que es lo que dicen sus detractores, sin conocer siquiera el borrador.