Que la desigualdad y la pobreza han aumentado durante la crisis es un hecho que no necesita más prueba que la de la observación. Para cualquier persona que se pare a mirar a su alrededor, que no quiera enajenarse de una realidad molesta y asfixiante, es un hecho que la crisis ha provocado que en nuestro país -y más aún en Canarias- la brecha entre quienes más tienen y quienes tienen menos se haya abierto estos años. Para quienes no lo vean por sus propios medios, están los informes de Cáritas, Cruz Roja u Oxfam Intermon o los estudios de las universidades canarias. Pero si alguien se atreve a decir -yo lo he escuchado en algún debate público- que las oenegés exageran la gravedad del problema para conseguir más ayuda pública o que los estudios académicos están manipulados por intelectuales de izquierdas, supongo que al menos prestarán credibilidad a los informes de la OCDE. El del pasado año ya alertó del extraordinario incremento de la desigualdad en nuestro país, que ha colocado a España a la cabeza de la desigualdad en Europa: la pobreza y exclusión han aumentado de manera alarmante durante los últimos años, con más de la cuarta parte de la población española (un 29,2 por ciento, 13,4 millones de personas de 47,7 millones) en riesgo de exclusión en el año 2014.

La OCDE, que no es una organización de activistas bolcheviques, sino la organización internacional que agrupa a los 34 países más ricos y desarrollados del planeta, ha insistido en la gravedad del problema en su informe anual, presentado en París la semana pasada. La desigualdad entre los más ricos y los más pobres alcanzó el año pasado niveles jamás superados hasta entonces desde que existen registros. Y eso no solo ocurrió en la mayor parte de los países de la OCDE, sino también -y con mayor gravedad- en las economías emergentes. Un informe de Oxfam, divulgado ayer con datos del de la OCDE, es categórico: la distancia entre ricos y pobres ha crecido tanto que en 2015 el uno por ciento de la población -40 millones de personas- concentra tanta riqueza como el 80 por ciento menos rico, integrado por 6.400 millones de personas.

En España el problema es similar: los veinte más ricos disponen de un total de 115.100 millones de euros. Pero el problema no es tanto la existencia de esa diferencia, sino su aumento constante: en materia de renta, el diez por ciento de los más ricos del planeta -800 millones de personas- tienen ingresos diez veces superiores a los del 10 por ciento más pobre. Esa proporción era de 7,1 veces en los años 80 y de 9,1 veces en 2000, según el último informe de la OCDE.

Además, entre 1995 y 2013, más de la mitad de los empleos creados en los países de la OCDE fueron a tiempo parcial, o temporales, o con salarios muy bajos. La disminución de la renta laboral en España ha supuesto durante la crisis la pérdida de poder adquisitivo de los salarios medios. Se ha reducido un 22 por ciento, solo superada en toda Europa por Chipre. Esa es la realidad, esos son los datos. Y la respuesta de los gobiernos es reducir impuestos a los más ricos y cargar con impuestos directos a los más pobres. ¿Demagogia? Lo dijo la OCDE el año pasado. Pero no hacía falta que lo dijera, solo observar alrededor: en medio de la crisis el PP bajó la tributación de las rentas más altas. Y el Gobierno de Canarias subió el IGIC que paga cualquiera que compra una barra de pan.