La presentación, por parte del Gobierno de Canarias y hace ya algunos días, del borrador del anteproyecto de nueva Ley del Suelo ha provocado una chocante discusión en el PSOE. Mientras una parte del partido -la parte que esta en el Gobierno, los alcaldes...- defiende el borrador como un buen documento para iniciar el debate social sobre la futura ley -que deberá contar con aval del Consultivo y con un proyecto definitivo antes de empezar a tramitarse en el Parlamento-, hay otra parte del PSOE que censura no solo los contenidos del borrador, sino también el supuesto ninguneo al que se habría sometido al partido en la presentación del texto. Esa otra parte del PSOE -básicamente los que por uno u otro motivo están fuera del paraguas del poder regional- ha logrado que el debate sobre esta ley estructurante, que ha de sustituir la actual normativa territorial, se haya convertido en una suerte de batallita de chismes sobre quiénes apoyan el borrador y cuánto ADN socialista contiene. En realidad, el borrador presentado por el Gobierno responde -con alguna modificación de muy última hora- a la redacción realizada por un equipo de expertos, coordinados por el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar. Cuando un Gobierno encarga un trabajo a expertos suele marcar por dónde quiere que vaya, pero el único ADN que yo le he encontrado al documento finalmente presentado es el ADN de los alcaldes y presidentes de cabildo, cada día más presentes en la vida política de sus partidos.

En efecto, este borrador responde -entre otras cosas- al deseo de los gestores locales de aligerar los trámites administrativos. Si el borrador huele a Coalición, es porque Coalición es desde su origen un partido de alcaldes. Pero el PSOE también lo es. Los alcaldes y la parte del PSOE organizada en torno a este Gobierno conocieron el borrador al mismo tiempo que se conoció en Coalición Canaria. Y el PSOE participó con sus expertos en una modificación sustancial del texto, que fue la de recuperar un cierto papel de control legal para la Cotmac, que se había quedado sin funciones en la redacción inicial.

Patricia Hernández hizo enmendar el texto del borrador, siguiendo la recomendación de los expertos socialistas y amparándose en el reconocimiento explícito del rol de la Cotmac de acuerdo con el documento del Pacto de Gobierno. Los socialistas sí participaron, pues, en la redacción y definición del borrador, y además de forma determinante.

Lo que sucede es que hoy el PSOE se posiciona en Canarias con dos políticas distintas: el PSOE de la provincia de Tenerife, con sus alcaldes a la cabeza, defiende -con críticas a sus incumplimientos- la validez del pacto institucional con Coalición en el Gobierno, los cabildos y los ayuntamientos. Pero en la provincia de Las Palmas, en la ciudad de Las Palmas y el Cabildo grancanario, el PSOE fraguó un pacto de izquierdas con Nueva Canarias y Podemos, donde la bicha es precisamente Coalición. Lo mismo intentó, sin éxito de momento, otro "opositor" al borrador, Javier Abreu: un pacto de izquierdas que le hiciera alcalde de La Laguna...

La dirección regional socialista intenta mantener el equilibrio entre dos acuerdos políticos diferentes que se manifiestan con compromisos y discursos diferentes. Ese equilibrio es difícil, pero al final es un problema de coherencia interna y reparto de poder, no de borradores, posiciones ideológicas o supuestos ninguneos. Es el PSOE el que tiene que definir si respalda la propuesta de Ley del Suelo aprobada por "su" Gobierno y aplaudida por sus alcaldes, o no la respalda. Sin olvidar lo más importante: que es solo un borrador para empezar a discutir.