Solo un día después de que Javier Abreu fuera despojado de sus últimas responsabilidades municipales, el portavoz de Podemos en su versión lagunera -Unid@s se Puede- ofreció una sorprendente rueda de prensa para anunciar la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por una continuada y mastodóntica operación de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y actividades prohibidas a funcionarios públicos. La operación denunciada en la Fiscalía consiste -según Rubens Ascanio Gómez, firmante de la denuncia- en un supuesto trato de favor desde ayuntamientos, cabildos y departamentos del Gobierno de Canarias, para favorecer a una empresa de servicios participada por "empresas interpuestas" propiedad a su vez de antiguos afiliados o dirigentes actuales de Coalición Canaria y el PSOE.

La relación de denunciados incluye a políticos -en activo y retirados desde hace una quincena de años-, a personas sin cargo alguno, a familiares de políticos -con nombres reales y nombres inexistentes-, a varias empresas, y a una abultada relación de entidades supuestamente favorecedoras de hechos de los que, sin embargo, no se aportan evidencias. Apenas una serie de chismes sin contrastar sobre la actividad corporativa de una sociedad que habría facturado servicios y bienes a organismos públicos y empresas privadas de varios países durante veinticinco años. Y más elucubraciones sobre las supuestas relaciones de causa y efecto entre contratos de esa empresa y personas implicadas en la política.

La cosa es que la trama que se denuncia tiene como primer y claro objetivo vincular al alcalde de La Laguna con una adjudicación realizada hace cinco años por el ayuntamiento que habría favorecido a una empresa participada minoritariamente por otra empresa en la que el hermano del alcalde -el exconsejero Víctor Díaz- era entonces accionista. Aunque eso -que fuera accionista- es algo que el alcalde negó ayer categóricamente, aportando fechas y papeles. Y para adornar esa historia central, unas cuantas más: historias de bar de La Laguna, historias del cuaderno de notas de Abreu y de su particular forma de entender la venganza. Una política destructiva de la honra de los demás que -en todo el país, por culpa de todos- se hace más a golpe de denuncia y titular que de pruebas y sentencias.

Por si las moscas, lo razonable en estos casos es no prejuzgar nada hasta disponer de información suficiente y verdad asumible, que es la que ofrecen los tribunales. Pero los tribunales son lentos, y a veces el daño queda hecho, irreparable. Ese "a veces" es el terreno resbaladizo en el que se mueve la voluntad de daño. Por supuesto que en todas partes pueden cocer habas, y que tirando de un hilo se llegan a deshacer ovillos muy enredados. Pero no deja de ser extraño que este abultado amasijo de acusaciones sin fundamentar, esta lista de asuntos diversos que se somete a la investigación de Anticorrupción, surja precisamente ahora, como burda respuesta al cese de Abreu, y precisamente en La Laguna, cuando ocurre que la mayoría de los citados son personas que ejercen su actividad en Las Palmas. Más aún, cuando los propios denunciantes esgrimen su denuncia como una prueba de la connivencia de Coalición y el PSOE en el cese de Abreu.

Blanco y en botella suele ser casi siempre leche. Y esta leche -lleve al final donde nos lleve- apesta a una venganza programada.