Corre la especie, probablemente prematura, de que ya está lista para sentencia la moción de censura contra la alcaldesa de Güímar. En realidad, por lo que yo sé, llevan en esa negociación casi desde el mismo día después de las elecciones, y sin mucho éxito. Parece que la gente de Sí se Puede pide al PSOE que cierre la censura con Coalición primero, y mientras el PSOE convence a Coalición (que unos días está que sí y otros lo contrario), los de Sí se Puede van colocando sus "peros" uno tras otro. Peros al programa del futuro pacto, peros a los salarios de los concejales, peros al personal de libre designación...

Mientras se deciden o no a presentar la moción, el centro de atención de los güimareros sigue siendo Víctor González, coordinador del PP en el municipio y asesor plenipotenciario de la alcaldesa, más conocido en los pagos del Valle como "el alcaldeso". Dicen los que saben que el alcaldeso es responsable de la mayor parte de las recurrentes meteduras de pata de la edil principal, doña Luisi Castro, promotora de parques acuáticos imposibles, organizadora de excursiones culturales a la "telecaspa" y cazadora de espectros, auras y cacofonías que anidan en las dependencias policiales. Debe ser una exageración eso de que toda la culpa es del señor González, seguro que doña Luisi también ha puesto algo de su parte.

Lo que sí es cierto es que el alcaldeso ha logrado situarse en el epicentro de los dos conflictos más graves a los que se enfrenta el gobierno municipal de Güímar: uno es la campaña de descalificación pública emprendida contra la interventora del municipio, Ruth Arteaga, a la que acusó de filtrar información a la oposición y de bloquear los trámites y redactar informes contrarios a la alcaldesa, enfadada porque doña Luisi vetó que se le pagaran (a la interventora) dietas de manutención y ayudas para sus hijos por un total de mil euros. No se trata de un cotilleo malévolo de un político sobre un funcionario: el propio alcaldeso hizo declaraciones a la prensa, acusando de prevaricación a la interventora, algo que constituye en delito muy grave. Lo que no dice este santo varón que tanto presume de ser quien gobierna la Alcaldía es que la interventora había tenido que poner reparos a decenas y decenas de facturas, firmadas unas por el alcaldeso y otras por la alcaldesa, y muy difícilmente justificables. Entre ellas, el pago con dinero municipal de publicidad del parque Mililand, del que -si no me equivoco- no se ha vuelto a saber desde las elecciones municipales, excepto porque su presunto dueño amenazó de muerte a una periodista.

Por vueltas que da la vida, esa y muchas otras facturas y expedientes reparados por la interventora han acabado en la Fiscalía Anticorrupción, dicen que entregadas sin hacer ruido y en comandita por Sí se Puede y el PSOE, hace ya algunas semanas. Quizá por eso andan los partidos ganando tiempo antes de presentar la moción de censura: a lo mejor quieren esperar a que la Fiscalía se pronuncie sobre las facturas y expedientes reparados, porque será más fácil justificar la censura si la Fiscalía confirma los indicios de que en Güímar se ha manejado dinero público con alguna ligereza.

Y esa parece ser la verdadera razón de la obsesión del alcaldeso González con la interventora Arteaga: que sus reparos podrían costar a los (dos) alcaldes de Güímar un buen disgusto en los tribunales.