El periodista Miguel Gómez publicó en estas mismas páginas, el 29 de junio, un reportaje en el que compara rentas y salarios en el sector público y privado del Archipiélago con las del sector público y privado nacional. En él se detecta uno de los problemas más obvios del mercado laboral de las Islas, del que -significativamente- nadie quiere hablar. Se trata de un asunto conocido, pero poco comentado: los trabajadores del sector privado de Canarias cobran una media de poco más de 17.000 euros año. Solo en Extremadura se cobra un salario medio más bajo. Los empleados públicos, sin embargo, se mueven en una retribución media de más de 30.000 euros al año. La media de salarios públicos de Canarias es de las más altas de España, como consecuencia de la existencia de la indemnización por residencia, que no se produce en el resto de las regiones del país.

No se trata de señalar a los empleados públicos por lo que cobran, ni mucho menos de hacerlos responsables de esa situación: existen motivos que explican la existencia de esa brecha salarial, perfectamente justificables: el primero es sin duda el mayor peso de trabajadores con estudio superiores, que reciben una remuneración superior. En el conjunto nacional, más del 67 por ciento de los trabajadores públicos tiene estudios superiores. En el sector privado ese porcentaje no llega al 39 por ciento. Además, hay que tener en cuenta la menor proporción de empleo a tiempo parcial en el sector público: no llega al siete por ciento en la administración, mientras supera el 20 por ciento en las empresas. Pero sobre todo, el factor que más influyen es la mayor antigüedad en el puesto de trabajo: más de la mitad de los trabajadores públicos acumulan más de quince años de antigüedad, frente a menos del 20 por ciento que cumplen esa condición en el sector privado. Y al revés: solo un 15 por ciento de los trabajadores públicos lleva en su puesto menos de 5 años, mientras ese porcentaje es del 43 por ciento en el sector privado. Todos esos factores explican el porqué de las diferencias, pero hay un cuarto factor del que no se habla tampoco con frecuencia: en el sector público, las diferencias salariales entre los que menos cobran (la mayoría) y los que más cobran, son razonables. Y además tienden a reducirse: desde que empezó la crisis, se han reducido bastante, por ejemplo. En el sector privado ocurre justo lo contrario: los asalariados cobran muy poco y los directivos muchísimo. Y la diferencia ha aumentado de manera brutal desde la crisis. Resumiendo, puede decirse que en el sector público los salarios son más justos y equilibrados que en el sector privado. Pero también son mucho más altos.

La crisis ha dado lugar en materia laboral a una sociedad de dos velocidades: una sociedad de asalariados subempleados, maltratados por la reforma, con salarios cada vez más bajos y escasas garantías de mantenerse en sus empresas, y otra de empleados públicos que han visto levemente reducidos sus ingreso, pero que han mantenido sus puestos de trabajo y sus garantías, y a los que los políticos miman cuando llegan las elecciones, con medidas como la devolución de la mitad de la paga extraordinaria. Sé que esta una declaración polémica, pero con los recursos destinados a hacer frente a esa media paga, en Canarias se habrían podido financiar tres planes de pobreza como los que el Gobierno regional retrasa porque carece de recursos. Claro que esas cosas no las dice nadie. Y quizá vaya siendo hora de empezar a decirlas.