El Parlamento de Canarias ha protagonizado un pequeño escandalete conventual, de esos que recurrentemente se producen en la política canaria. Se trata de un asunto menor, pero que podría llegar a tener cierta enjundia. La Mesa del Parlamento, controlada por Coalición Canaria y el PSOE, decidió no aceptar la incorporación de una serie de enmiendas parciales presentadas por el grupo de Podemos al debate de la llamada "ley turística de las islas verdes", una ley "especial" para El Hierro, La Gomera y La Palma, que plantea un tratamiento diferenciado de las tres islas menores de la provincia tinerfeña en materia turística. Podemos ha amenazado con llevar el veto de la Mesa al Constitucional, y el PSOE ha explicado que se trata de un recurso sin recorrido, porque la negativa a considerar la incorporación de las enmiendas fue argumentada por los servicios jurídicos, en base al criterio de que escondían una enmienda a la totalidad presentada torticeramente fuera de plazo.

Aquí, como ocurre en tantas ocasiones en Canarias, un asunto de procedimiento -la consideración de que las enmiendas parciales de Podemos son en realidad una enmienda a la totalidad camuflada- va a desviar la atención sobre lo realmente importante, que son los objetivos de la ley presentada por el Cabildo de La Palma, con el apoyo de los diputados herreños, gomeros y palmeros de todos los partidos. La ley fue ya aprobada en ponencia el 25 de julio, con la oposición de Podemos y Nueva Canarias, que consideran que en el texto se ha incorporado la filosofía de la futura Ley del Suelo -concretamente la que reflejan los artículos 124 a 132- permitiéndose la construcción de una treintena de hoteles y varios campos de golf en La Palma, algo que la normativa actual -tanto turística como del territorio- no permite. El asunto ha creado también cierto malestar en parte del PSOE canario, especialmente en quienes se oponen al actual proyecto de Ley del Suelo, que entienden que en el Cabildo de La Palma el PSOE ha sucumbido a posiciones ultradesarrollistas.

El hecho es que desde hace ya décadas el futuro de la isla de La Palma supone el problema más peliagudo al que se enfrenta Canarias. Es algo de lo que se habla poco, pero las tres islas menores occidentales se sostienen casi exclusivamente gracias al sector público y a las ayudas y subvenciones. En La Gomera y El Hierro, la economía privada -básicamente en el sector agrícola y en un turismo minoritario-, así como la escasa población, permiten que ese esfuerzo sea soportable. Pero el caso de La Palma, con una población muy envejecida y algo más de 83.000 habitantes (en 2014 perdió un millar y medio de habitantes por primera vez en varios años), es realmente muy preocupante. La isla se sostiene en su mayor parte con rentas provenientes del sector público y de las pensiones, y gracias a las ayudas europeas al plátano, que tienen fecha de caducidad. El Cabildo cree que la única solución viable para garantizar el futuro de la isla pasa por desarrollar intensivamente las explotaciones turísticas, una opción que algunos expertos consideran altamente inviable y destinada al fracaso. Ese es el verdadero trasfondo del debate de la "Ley de Islas verdes", en verdad una ley "ad hoc" para La Palma, que plantea un formato de explotación turística voluntarista y quizá poco meditado, en el que no todo el mundo cree.