El presidente Clavijo se reunió a principios de agosto con los gerentes de los hospitales dependientes del Servicio Canario de Salud. A la reunión, convocada por el consejero Morera, asistieron los gerentes, pero no el director del Servicio Canario de Salud, ni la directora de recursos económicos. Para los asistentes resultó un poco chocante, porque el encuentro, al que Clavijo se incorporó un poco tarde, acabó convirtiéndose en una monumental e insólita bronca de Clavijo a los gerentes, a los que se advirtió de la desviación en la ejecución presupuestaria. Se trata de más de cien millones de euros, que al final del ejercicio podrían superar los 150 millones y dar al traste con la previsión de que Canarias cumpla de nuevo con la contención del déficit. Cumplir es hoy una de las principales preocupaciones del presidente Clavijo: la contención del déficit y el aumento de los ingresos permitieron este año al Gobierno de Canarias forzar la regla de gasto, en una sorprendente operación cosmética tolerada por Madrid, y disponer así de ingresos suplementarios para hacer frente a la media paga extra que se debía a los funcionarios.

La cosa es que en Hacienda le han dicho a Clavijo que el gasto en Sanidad está desmadrado. En realidad no es del todo cierto. El gasto sanitario se presupuestó este año a la baja de forma intencionada, para poder cuadrar las cuentas generales: se asignaron 50 millones de euros menos de lo que se sabía que se iba a gastar. En lo que va de año, la desviación real podría situarse -en algo más de 60 millones, de los que una parte se han utilizado para hacer frente a la cancelación de las famosas "horas paulinas" a los médicos-. Fue esa una medida que no cuestionó nadie en el Gobierno, pero que supone tener que destinar más recursos a cubrir las horas que los médicos han recuperado. En un contexto de general contención y sacrificio laboral de todas las plantillas, la medida, adoptada por Morera, ha provocado un gasto que -según algunas fuentes- supondrá más de 10 millones antes de fin de año.

Para resolver ese gasto extra, y otros que se han producido, los gerentes tendrán que reducir lo que destinan a la atención del público, con una reducción de 11 millones de euros en personal, que supone no sustituir las bajas laborales (hasta el día 21 de baja), ni cubrir las jubilaciones, ni las vacaciones, ni los días de libre disposición, ni renovar los contratos que termine antes de fin de año. Los sanitarios van a pasarlo mal, pero los pacientes mucho peor: la gerencia del HUC, por ejemplo, ha calculado que dejarán de hacerse cinco mil ecografías, mil operaciones y doscientas resonancias. Por no hablar de la interrupción de programas y proyectos en marcha en toda la sanidad canaria, como el plan de choque contra las listas de espera.

Personal sanitario y enfermos tienen motivos para estar hasta el gorro. Pero es verdad que el presupuesto no es un chicle, y que con las limitaciones actuales, desviarse hoy es pasarlo mucho peor mañana. Es por eso éste el momento de recordar que las cosas no ocurren porque sí. Canarias sufre desde el inicio de la Autonomía una pésima dotación de la financiación sanitaria, que no ha hecho sino agravarse en los últimos cinco años, como fruto la famosa política del "cuanto peor mejor", en la que el ministro Soria y el presidente Rivero se enfrascaron para destruir la base electoral del contrario.

El cumplimiento presupuestario no va a resolverse con ajustes imposibles de materializar. Ni tampoco a corto plazo hay previsiones de que la financiación vaya a mejorar, con el país bloqueado por la incapacidad de nuestros dirigentes para alcanzar acuerdos. Y el pato lo van a seguir pagando -como siempre- los más desfavorecidos, esa inmensa mayoría que no puede permitirse un seguro sanitario privado.