En medio de un clima de golfería y escándalos que se suceden un día detrás de otro, un fiscal ha solicitado año y medio de cárcel para el exconcejal del PP del Puerto de la Cruz que en 2011 usó su teléfono corporativo para hacer 2.500 llamadas "estrictamente privadas" al teléfono de una mujer. Probablemente el hombre andaba enamorado, y eso debería haber sido considerado por el fiscal como atenuante. Porque parece un poco cancaburrada pedir cárcel -aunque el exedil no tenga que cumplirla, dado que la pena solicitada es inferior a dos años- por haber hablado el hombre más de la cuenta con su amiga.

No discuto que se trate de un delito de malversación de caudales públicos: el entonces concejal usó un bien municipal para su propio provecho, como hacen por otro lado el noventa y nueve por ciento de quienes disponen de teléfonos corporativos. El problema del concejal Luis Rodríguez, que así se llama este señor al que no tengo el gusto de conocer, es que se pasó tres pueblos y se gastó 9.300 euros. Si se hubiera gastado solo cien o doscientos, probablemente no habría ocurrido nada. En este caso concreto, claro parece que a la Justicia la dimensión también le importa.

La cosa es que el concejal ya devolvió 6.000 euros. Ya puesto, no sé por qué no hizo el hombre el esfuerzo de devolver todo lo que se gastó con intereses, y además pedir disculpas. Pero yo creo que lo razonable y sensato sería exigir a este señor que devuelva hasta el último euro, que pague todo lo que debe con intereses, y una multa, y las costas del juicio, y que incluso se le inhabilite un tiempo para ejercer como cargo público. No entiendo qué beneficio aporta a la sociedad que acabe en chirona, mantenido durante los meses que cumpla condena a costa de nuestros impuestos...

Probablemente no va a ocurrir que Luis Rodríguez ingrese en prisión, porque el jurado popular que va a ocuparse de este caso reducirá la pena, y además el hombre no tiene antecedentes. Pero supongamos que no ocurre así, que le condenan a lo que pide el fiscal, que además tiene antecedentes porque hace un par de años -es un decir- atropelló a alguien, y que va a dar con sus huesos en la cárcel, mantenido durante los meses que cumpla condena, con tres comidas diarias a cargo de nuestros impuestos. ¿A quién beneficiaría eso? ¿Al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz? No. ¿A los contribuyentes que pagaremos en última instancia lo que cueste su reclusión? Desde luego que no. ¿Es de sentido común que el concejal enamorado pueda acabar en la cárcel? Yo creo que no. Por lo menos mientras tipos como Rato, el señor Blesa de las "tarjetas black" o quienes arruinaron con alevosía nuestras Cajas de Ahorro anden por ahí de rositas. Lo que demuestra que la dimensión (del robo) puede también ser un concepto relativo.