El pleno del Parlamento de Canarias aprobó el martes por unanimidad una proposición no de ley del grupo Nacionalista en la que se pide al gobierno de Canarias que pida al de España (que es el competente en la cuestión) que incremente paulatinamente las pensiones no contributivas haciéndolas confluir de forma progresiva con el salario mínimo interprofesional. No creo que la petición tenga más valor que el declarativo. Y no solo por lo que de brindis al sol tiene que el Parlamento de Canarias pida al Gobierno regional que pida al de España que haga algo que afectaría al conjunto de los españoles. Lo lógico es que los partidos con representación en las Cortes -el PP, los socialistas y Podemos- que apoyaron la propuesta, así como los dos diputados nacionalistas canarios, Ana Oramas, en el grupo mixto, y Pedro Quevedo, en el grupo socialista, pidan en Madrid lo que sus partidos han solicitado en Canarias. Si así lo hicieran, no solo se ahorrarían intermediarios, sino que el partido que gobierne al final tendría un mandato casi unánime e imperativo, aunque no de obligado cumplimiento -las proposiciones no de ley no lo son- por parte del Congreso de los Diputados. Claro que no es lo mismo levantar la mano aquí que en el Congreso. Aquí no cuesta absolutamente nada, en el Congreso te puedes meter en un buen lío con tu ministro de Hacienda si pides algo así.

Pero no se trata solo de que nuestros políticos locales se apunten a cualquier cosa que luego no tiene valor real ninguno. La política que se hace en las instituciones y corporaciones públicas se está apuntando cada vez más a lo meramente declarativo, pero no se resuelven los problemas, solo se señalan o denuncian. Y eso sirve más bien de poco.

Mientras nuestros políticos piden en Canarias que se igualen al salario mínimo las pensiones no contributivas -eso implicaría casi duplicarlas (de 355 a 655 euros de media)- nadie pide que se convoque de nuevo el pacto de Toledo para estudiar qué pasa con el conjunto de las pensiones. En los últimos cinco años las pensiones han perdido poder adquisitivo de forma evidente, y las reservas se han gastado en sus dos terceras partes. Además -y este es probablemente el asunto más grave, el asunto del que nadie quiere hablar-, resulta que los empleos que se han contratado en los últimos dos o tres años se pagan de media por debajo de la pensión media, que en España ronda hoy los 1.200 euros. Nuestro sistema de pensiones se basa en que quienes trabajan sostienen a los que ya no lo hacen, y también a los empleados públicos, y a los desempleados, y a los políticos. Mucha gente sobre las espaldas de muy pocos. Al inicio de la Democracia, por cada pensionista había cuatro trabajadores con empleo. Ahora, por cada pensionista lo que hay es menos de un trabajador y medio, que además cada vez cobra menos y cotiza menos.

Mientras las reservas para sostener el sistema de pensiones se van agotando -se han reducido más de un 60 por ciento en cuatro años-, en este país somos especialistas en debates ridículos o inútiles, como este que hemos organizado ahora sobre el 12 de octubre. Que, por cierto, dura cada año y de forma recurrente solo un par de días, como los tuits. Quienes tienen la obligación de ocuparse de resolver nuestras cosas dedican cada vez más tiempo a decirse idioteces unos a otros o a aprobar propuestas sin ningún apoyo económico detrás, a sabiendas de que solo son declaraciones inútiles. Con mucha más utilidad que votar una medida que no tiene viso alguno de prosperar, el Parlamento regional podría ocuparse de enmendar legalmente los mecanismos sociales y económicos que hacen que Canarias sea hoy la región española donde hay más personas cobrando pensiones no contributivas (las más bajas), sin que eso parezca que haya cambiado sustancialmente en los años del crecimiento. Pero claro, eso requiere estudio, normativa sobre contratación y vigilancia. Mucho trabajo. Es mejor pedir que lo resuelva otro.