José Manuel Corrales presentó ayer en el registro del Ayuntamiento de La Laguna un escrito de cuatro folios, con formato de carta dirigida a los tres concejales del grupo municipal Por Tenerife-Nueva Canarias (Santiago Pérez, Juan Luis Herrera y Carmen Julia Pérez), en la que les comunica la ruptura de la coalición electoral por la que se presentaron, por decisión unánime adoptada en la asamblea de Por Tenerife celebrada a mediados de enero, y se les advierte de que han perdido la confianza de su partido y deben dejar de utilizar el nombre del mismo para cualquier actividad municipal. La explicación que ofrece Corrales en su escrito es que los concejales -ninguno de los tres milita ni en Por Tenerife ni en Nueva Canarias, se presentaron como independientes en las listas de la coalición- han actuado desde su toma de posesión como si la coalición no existiera, sin comunicar ninguna de sus decisiones políticas y utilizando los recursos económicos del grupo municipal sin dar cuenta a nadie del asunto. Una acusación que se antoja un tanto peregrina, y que parece responder más a la voluntad de Corrales de justificar la ruptura con ellos que a una verdadera preocupación por el uso de los fondos que La Laguna entrega a cada uno de sus grupos municipales.

Lo más chiripitifláutico del asunto es que, ante lo que parece una operación de bloqueo de la censura contra el alcalde lagunero -una suerte de bis de la "operación Tacoronte"-, ni Santiago Pérez ni Román Rodríguez parecen haberse enfadado con Corrales. El primero ha aclarado que los rumores que han circulado sobre una posible expulsión que le obligaría a pasar al grupo de no adscritos son falsos y fruto de "un rumor malintencionado" cuyo propósito es crear confusión. Pérez entiende que la decisión de Por Tenerife no condiciona en absoluto su continuidad y la de los otros dos concejales en el grupo municipal al que pertenecen, aunque lo que es innegable es que la carta existe, y es obvio también que lo que se pretende con ella es transferir a Pérez y sus colegas al grupo municipal de no adscritos y dejarles sin capacidad de maniobra en la presentación de una -todavía hoy- más que hipotética moción de censura. Para añadir más confusión, Román Rodríguez niega la mayor y ha dicho que la coalición entre Por Tenerife y Nueva Canarias no sufre ningún problema y sigue adelante. En cuanto a Corrales, parece que se lo haya tragado la tierra...

Es difícil saber en qué parará este abracadabrante asunto. Más difícil probar los motivos por los que Corrales ha planteado un conflicto precisamente ahora, cuando arrecia la presión política para sumar al PSOE a la moción de censura. Lo que sí resulta evidente es que probablemente, antes de saberse cómo acabará esto -si es que acaba de alguna manera-, el asunto pasará por los tribunales.

La política municipal adquiere tintes cada vez más siniestros: por un lado, están esas dos retorcidas leyes -la de municipios y la de cabildos, aprobadas por unanimidad el mismo día de finales de marzo de 2015 en el Parlamento regional, poco antes de la convocatoria de elecciones- que envilecen y condicionan el papel de los concejales y consejeros, atribuyendo a los partidos el poder de reducirlos a la inoperancia. Y por otro está la sospecha de que la fragmentación política de esta legislatura lo que está provocando es más golfería, chanchullos, marrullerías y corrupción. No menos.