Los últimos días han sido pródigos en revelaciones sobre el funcionamiento de la corrupción en España: Jordi Montull, uno de los principales responsables del Palau de la Música de Barcelona, ha explicado que Convergencia comenzó financiándose con el tres por ciento del importe de todas las licitaciones de obra pública, que pagaban las adjudicatarias, pero que el partido de Mas quería más, y se exigió a los licitadores pagar mordidas del cuatro por ciento. Estos son los mismos ladrones que acusan a España de robarle a Cataluña... Pero no hace falta ir lejos para encontrar arrepentidas declaraciones: el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ha reconocido en un escrito presentado a la Audiencia que recibió más de 300.000 euros en dádivas de distintas empresas y sociedades a las que adjudicó licencias de obra. El exsecretario municipal también ha reconocido estar en aquella pomada. Por todas partes, miles de personas han estado robando sistemáticamente a las arcas públicas, abusando de su capacidad de favorecer a unos y otros. La corrupción política en España ha dejado un agujero de más de 8.000 millones de euros desde 1978. Mucho menos que el coste del rescate bancario -más de 20.000 millones- o del incalculable despilfarro -dicen que nos ha costado cerca del billón de euros-, pero sigue siendo una pasta gansa.

Una pasta que ha obligado a abrir casi 200 casos judiciales por corrupción en los tribunales de todo el país, casos que afectan a ayuntamientos, diputaciones, cabildos, gobiernos regionales, al Gobierno de la nación, y en los que han participado políticos, asesores, partidos, empresas, deportistas, miembros de la familia real, medios de comunicación y en algunos casos incluso la misma judicatura. Setenta casos declarados de corrupción suma el PP, entre ellos algunos de los más llamativos: la trama Gürtell, con 120 millones de euros; el caso Bárcenas, con 40 millones en Suiza para él, más financiación ilegal del PP y 32 imputados; el caso Púnica, con 250 millones... Le sigue a la zaga el PSOE, con más de cincuenta casos, entre ellos el de los ERE, con 150 millones... La corrupción no distingue. Cualquier partido que lleve más de cuatro años instalado en el poder acaba por desaguar grandes o pequeños latrocinios. El caso de Convergencia, que ha podrido Cataluña con una decena de casos graves, hasta el extremo de verse obligada a camuflar su propio nombre; el de la desaparecida Unión Mallorquina, con seis "affaires" que han llevado a la cárcel a sus dirigentes; el de Izquierda Unida, con siete, o el de Coalición, que acumula -de momento- hasta media docena de tramas, entre ellas el caso estrella de Las Teresitas, del que pronto habrá sentencia. Nadie está libre de pecado. Cuanto más pequeño es un partido, más cerca parece de la corrupción: el GIL, del difunto alcalde de Marbella Jesús Gil, salió a un caso de corrupción por cada año de existencia, sobreviviendo al difunto. Un récord que metió a la Pantoja en la cárcel... Pírrica victoria esa.

Porque lo que no se dice es que de esos casi 200 casos, han sido ya cerrados algo más de 90, con más de doscientos condenados. La justicia es lenta, pero más o menos funciona. Lo que no funciona para casos de corrupción es el código penal. No nos sirve de nada que los ladrones vayan a la cárcel, hospedados a costa nuestra y cuando salen vivan como obispos. Lo que hay que hacer es obligarles a devolver hasta el último céntimo del dinero que se llevaron. Si nos devolvieran todo lo que han robado, este año podríamos costear con eso los recortes que nos pide Europa.