Al margen de algunos errores bastante inauditos, como el olvido de 21 millones negociados y acordados de los fondos de empleo, que el secretario de Estado de Presupuestos se ha comprometido a incorporar vía enmienda, el proyecto de Presupuestos que Coalición y el PP se empeñan en presentarnos como si fuera ya el final del camino de una negociación es, en realidad, solo el principio. Primero, porque los Presupuestos tienen que ser aprobados por el Congreso, y las enmiendas ser incorporadas, en medio de un ambiente de cierta resistencia, fruto no solo de la rotunda minoría parlamentaria del PP, sino de una general reducción de las inversiones estatales en las regiones. Canarias ha sido la región mejor tratada por el Gobierno Rajoy en estas cuentas: se han incorporado un total de 33 partidas que suman 452 millones (contando los 21 pendientes de empleo), de las que 220 millones son fruto directo de la cuantificación de las liquidaciones del fondo de competitividad resultado de la aprobación de los aspectos económicos del REF.

Es bastante dinero, pero a pesar de eso Canarias sigue por debajo de cubrir la expectativa de igualar la inversión media por habitante del conjunto de España, algo que teóricamente garantiza el REF, y que todos los gobiernos nacionales que han sido se pasan sistemáticamente por el arco de triunfo, recordándonos que la Ley de Presupuestos tiene más rango que la del REF. En este último, seguimos por debajo de la media nacional en materia de inversión per cápita, aunque algunos triunfalistas nos dicen que la distancia ha descendido de forma muy considerable. Se trata solo de un espejismo meramente coyuntural: es verdad que hemos pasado del 2,4 por ciento del total de la inversión estatal regionalizable al 3,1 por ciento. Pero no ha sido porque se produjera un gran aumento de nuestras partidas, sino por el brutal serruchazo que se ha producido en otras regiones como Andalucía, Galicia, Asturias y Castilla-León, con recortes superiores a un 30 por ciento... No es, por tanto, que nuestra inversión mejore de una forma extraordinaria; lo que ha ocurrido responde más bien a aquello de "cuando empeoran los demás parece que yo mejoro...".

Aún así, si al final Pedro Quevedo decide transmutarse de medio diputado en diputado entero (y nos sorprende votando a favor de los Presupuestos del PP), lo que queda del 2017 será un buen año para las administraciones canarias. Un año en el que va a entrar más dinero del previsto: no sólo por lo que nos llega de fuera, sino porque un constante incremento del crecimiento de la recaudación -que el ministro Montoro ha situado en casi un ocho por ciento más para el conjunto del país- supone más posibilidad de atender necesidades. Hay que hacerlo hilando fino para cumplir con la regla de gasto, pero se espera que el final de este ejercicio permita abrir la puerta a algunas alegrías. En manos del Gobierno está que esas alegrías contenten sólo a la administración y a quienes viven directamente de ella o también alegren algo a los ciudadanos. Rebajando el IGIC, por ejemplo. Es un impuesto al consumo, que pobres y ricos pagan por igual. Es un impuesto que se subió con carácter extraordinario, y que -si hay más dinero del que la regla de gasto permite gastar- podría al menos reducirse en un punto. Mientras llegan tiempos mejores.