El Ministerio de Defensa ha paralizado la compra de los terrenos sobre los que está instalado el cuartel de Hoya Fría, en Tenerife, hasta que se revise de forma exhaustiva el expediente y se despeje cualquier sombra de duda que pueda existir sobre la operación de compra de esta base militar, operación que aparece mencionada en el sumario del caso Lezo. El desencadenante de la decisión de Defensa es una información publicada en un diario digital de la Villa y Corte, en la que se asegura que Ignacio González -el expresidente de Madrid- y su colega del PP el exministro Zaplana intentaron influir ante Defensa para que se tramitara con mayor celeridad la compra de los terrenos donde están ubicados los cuarteles, terrenos que pertenecen a la familia Rodríguez López.

En un ambiente de corrupción generalizada -el caso Lezo en Madrid, la trama Gurtel o la Púnica en toda España, lo de la familia Pujol en Cataluña, los ERE de Andalucía o la sentencia de Las Teresitas en Canarias-, la decisión de añadir un punto más de vigilancia a algunas decisiones políticas no parece en absoluto criticable.

Pero conviene recordar el origen de esta polémica histórica: conviene explicar que Defensa se hizo con la parcela donde se ubica el cuartel en los años 40, cuando el Tribunal de Orden Público condenó a uno de los Rodríguez López por haber auxiliado a un militante anarquista. El condenado fue Rubens Marichal López, diputado por el Partido Radical en las legislativas de 1933, condenado en octubre de 1936, apenas tres meses después de empezar la guerra civil, a pagar la fortuna de 20.000 pesetas de entonces, por ayudar a escapar de Tenerife al anarquista Vidal Arabi, para que convenciera a las autoridades republicanas de que enviaran a la Armada a derrotar a los franquistas que se habían hecho con el poder en Canarias. Rubens Marichal era sobrino del naviero Álvaro Rodríguez López, un potentado local que intercedió por él ante los tribunales franquistas, que logró salvarle la vida, primero conmutando la previsible pena de muerte por una multa salvaje, y luego saldando la multa con la entrega de la parcela donde hoy está el acuartelamiento de Hoya Fría.

Pasado más de cincuenta años, Defensa fue demandada por los herederos del condenado, por haber subastado parte de los terrenos de Hoya Fría a una cooperativa de viviendas participada por militares, algo que no permitía el documento de cesión firmado en 1937. El Supremo acabó por darles la razón a los antiguos propietarios, obligando a Defensa a tener que recomprar la propiedad.

Por eso, aunque haya que mirar con lupa las gestiones de González y Zaplana para acelerar la compra, dejar de hacerla no parece posible, mediando una sentencia del Supremo por medio. Si quiere que la subasta para construir viviendas sea legal, el ministerio tendrá que pagar a los propietarios lo que setenta años antes consiguió de gratis a cambio de la piel de un republicano. La historia da a veces muy curiosas vueltas al punto de partida...