Con el debate sobre la aprobación de los Presupuestos Generales de fondo, quizá convenga recordar cuál es hoy la situación real de Canarias en relación con la inversión estatal. Porque una cosa es felicitarse de que la mejora de las relaciones entre los gobiernos nacional y canario, o la necesidad de apoyos para aprobar los presupuestos, puedan materializar cierta recuperación de fondos y recursos, y otra olvidar lo que ha pasado en las islas desde el inicio de la crisis. O desde siempre, aunque se haya agudizado con la crisis. Canarias está lejos de la Península, pero sobre todo está lejos de las preocupaciones tradicionales de quienes realizan el presupuesto...

Considerando la inversión territorializada -solo una parte de la inversión que llega a las autonomías de la península, porque muchas obras importantes en carreteras y ferrocarriles no son atribuibles a una sola autonomía-, Canarias, con un 4,6 por ciento de la población de España, ha recibido desde 2008 una inversión estatal territorializada de apenas un 2,4 por ciento del total. Casi la mitad de lo que nos correspondía, si se hubiera cumplido con lo que marca la ley del REF.

Ese incumplimiento de lo que dice el REF en materia de inversiones en las islas se ha producido con todos los gobiernos españoles, aumentando en los años de la crisis. Entre 2008 y 2011, el Gobierno Zapatero invirtió 2.175 millones de euros, algo menos de 550 millones por año, por debajo de la media nacional. La situación se agravó con el Gobierno de Rajoy, que bajó la media de inversión en Canarias a 271 millones por año, con un total de 1.630 millones. La insistencia de los Gobiernos regionales para que se cumpliera con lo establecido en el REF no sirvió absolutamente de nada. Porque el REF es -efectivamente- una ley, pero los Presupuestos Generales del Estado también lo son, y de rango superior. El REF puede decir misa sobre lo que hay que invertir en Canarias, pero si los presupuestos no lo recogen, no sirve de mucho.

Y, sin embargo, no debería ser así: la Constitución Española de 1978 reconoció en su Disposición Adicional Tercera la existencia en Canarias de un régimen especial, aprobado en 1972. No se trata de un regalo por nuestra cara bonita: las ventajas económicas y fiscales de ese régimen, cuyo objetivo declarado es reducir el diferencial económico y social de Canarias con el resto de España, pueden ser ampliadas o reducidas a juicio de las Cortes, porque así lo decidió el Constitucional en el año 2003. El REF regula los mecanismos de la solidaridad nacional -atendiendo al hecho insular y a la menor renta disponible por habitante en Canarias-, y precisamente por eso podría ser modificado a la baja si los niveles de riqueza llegaran a igualarse a la media española. Es la misma filosofía que inspira el reparto de recursos en Europa: recibes más si tienes menos, pero cuando te igualas o superas la media, pasas tú a aportar a los que menos tienen. Que el REF no se haya cumplido nunca es una vergüenza. Y que hoy celebremos que el Gobierno de la nación va a invertir 270 millones en Canarias si se aprueban los presupuestos es solo fruto de la desesperación y el olvido. Casualmente, si se aprueban los presupuestos, este año, la inversión media territorializada en Canarias sí superará la media estatal. Pero tampoco hay que tirar voladores: lo que ha ocurrido es que mientras la inversión en Canarias ha aumentado cien millones, la media nacional se ha hundido. Ya saben. Mal de muchos...