El pleno del Congreso rechazó el jueves la moción presentada por el Partido de los Demócratas de Cataluña (la antigua CiU, que cambió su nombre para evitar la identificación con el latrocinio del 3%), en la que se pedía a la Cámara que respetara la decisión adoptada por el presidente de la Generalitat de celebrar un referéndum independentista, anunciado ya para el próximo día uno de octubre. La moción fue rechazada por los tres grandes partidos constitucionalistas -PP, PSOE y Ciudadanos-, y por los diputados de UPN, Foro Asturias y Nueva Canarias, que sumaron en total 250 votos de los 350 del Congreso, frente al conglomerado integrado por Podemos y Compromís, los partidos independentistas catalanes, el PNV, Bildu, y también Coalición Canaria, que -sorprendentemente- se abstuvo.

Ana Oramas ha explicado esa abstención, muy duramente criticada por Asier Antona en "Los desayunos de TVE", pocas horas antes de que PP y Coalición vuelvan a reunirse en un hotel de Las Canteras para seguir avanzando en su pacto de Gobierno. Oramas arguye que Coalición Canaria suele abstenerse en los asuntos que afectan a Cataluña, y que la posición de los nacionalistas canarios siempre ha sido que el referéndum sea pactado entre los gobiernos de Cataluña y de España. Pero aquí no se trata de pactos, sino de cumplir la ley. La Constitución no puede ser sorteada por un pacto entre dos partidos, cualquier reforma exige un consenso mayoritario de las fuerzas políticas, y una reforma que afecte a la modificación del concepto de soberanía nacional debería ser sometida a la consulta de los ciudadanos. Oramas asegura también que su partido no apoya el referéndum unilateral impulsado por el Gobierno catalán, pero que hay que seguir apostando por el diálogo entre las partes. Pero es que lo que se discutía el jueves en el Congreso no es si debe haber o no diálogo entre el Gobierno de la nación y las instituciones de Cataluña -yo creo que debe haberlo, pero para que haya diálogo deben querer dialogar las dos partes-, sino si debe respetarse la decisión de Puigdemont de convocar un referéndum secesionista unilateral e ilegal.

Oramas se equivoca si piensa que su abstención es un asunto de menor enjundia. No lo es. Supone una clara contradicción con la posición que ella misma sostuvo en abril de 2014, cuando votó en el Congreso contra la proposición de ley del Parlament que pretendía delegar en la Generalitat las competencias para convocar y celebrar el referéndum independentista. Este inopinado cambio de posición de Oramas, cuando es cada vez más urgente que las posiciones queden claras, implica además una actitud poco consecuente con las declaraciones y los criterios que Coalición ha defendido públicamente en relación con la independencia de Cataluña, y que coinciden mayoritariamente con las de sus votantes, especialmente en la circunscripción por la que Oramas es diputada. Oramas deberá explicar a sus electores por qué se desentiende de este asunto, por qué opta por no dar la razón ni a unos ni a otros: al preferir situarse en el terreno de una confusa equidistancia entre constitucionalistas y secesionistas, antes que optar por la claridad, Oramas quiebra por primera vez -en sede parlamentaria y en un momento crítico- la percepción de que Coalición se mueve dentro del nacionalismo constitucional. En cuestiones que afectan a la soberanía y a la igualdad de todos ante la ley, siempre es mejor situarse fuera de la confusión. Como ha hecho Pedro Quevedo, un diputado nacionalista claramente alineado con la Constitución, que votó contra la moción secesionista.