Es tan antiguo como el hambre: cuando llegan las vacas flacas, la peor parte toca siempre a los que menos tienen. Ocurre así desde la revolución neolítica, cuando las sociedades empezaron a guardar excedentes agrícolas para hacer frente a las sequías y malas cosechas, y eso sirvió para que arrancara el Estado. Los que reparten siempre se quedan con la mejor parte, no es un invento del capitalismo. Es más viejo: pero que lo tengamos asumido, casi interiorizado, no quiere decir que no sea injusto. Sobre todo, si el sacrificio que supone salir de la crisis no se reparte entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Porque de hecho no ocurre así: en las crisis, los que tienen poco suelen perder lo poco que tienen, y los que tienen mucho acaban quedándose sin esfuerzo con lo que pierden los que tienen poco.

Una noticia del pasado fin de semana nos confirma esa ley económica. Ilustra perfectamente lo injusto y absurdo del sistema económico en el que vivimos: en los últimos dos años, los ciudadanos de Canarias que declaran más de 600.000 euros de renta anual (de renta, ojo, no de patrimonio) han aumentado más del 50 por ciento. Hoy son 109 personas o unidades familiares las que declaran esos ingresos, mientras la cuarta parte de la población activa de las Islas no tiene trabajo y malvive gracias a la caridad pública o privada o a restos exhaustos de solidaridad familiar. Algunos dirán que se trata de algo sin gran trascendencia fiscal ni práctica, y hasta puede que tengan razón. La aportación de este pequeño grupo a las arcas de la Hacienda pública representa sólo unos 15 millones de euros. No es que resulte una cantidad despreciable, pero es apenas una mínima parte de los más de 3.500 millones que se recaudan en Canarias por IRPF. Lo más grave del asunto es que no estamos ante un dato real: las grandes fortunas en Canarias han crecido exponencialmente durante la crisis, mucho más allá de ese más de 50 por ciento que revelan los datos de renta. Lo que ocurre es que las grandes fortunas ocultan sus recursos y privilegios de oro macizo detrás de empresas, sicaps y mecanismos de exenciones. Son pocos quienes -manejando gran cantidad de recursos- aún tributan por ellos en la renta. En el dato del que dispone Hacienda, se habla sólo de quienes declaran más de 600.000 euros al año, probablemente porque cobran la mayor parte como empleados por cuenta ajena. Y a esas 109 personas o familias hay que sumar las 2.300 que declaran cobrar entre 150.000 euros y 600.000 euros, y las 18.000 que declaran cobrar entre 60.000 y 150.000. Son quienes han logrado sortear esta crisis sin asumir graves pérdidas patrimoniales, es posible que incluso mejorando sustancialmente su patrimonio, porque es evidente que a alguna parte han ido a parar las propiedades e ilusiones de esa tercera parte de la población de las Islas -incluso de la población empleada- que hoy malvive rozando la pobreza o directamente instalada en ella.

Las crisis son injustas: convierten a los pobres en más pobres y a los ricos en más ricos. Si hemos de creer que estamos saliendo de la crisis, también debe ser verdad que ha llegado la hora de paliar muchas de las injusticias de estos años horribles, volviendo a redistribuir la riqueza. Y en las sociedades actuales sólo hay dos formas de hacer eso: una es subiendo salarios, como ya recomienda hasta la ministra de Trabajo del PP, la señora Fátima Báñez. La otra es vía impuestos: no se trata de bajarlos, cuando la deuda pública de nuestro país sigue creciendo como una célula metastaseada. Se trata de subirlos a quienes más tienen.