Vientos de renovación del sistema democrático recorren Europa. Al auge creciente del populismo y el nacionalismo más ombliguista, sociedades maduras, cansadas del general descrédito del modelo de partidos y de la acción política, que cada vez contamina más a la gestión pública, ensayan nuevos modelos: en Europa se levanta un viento claro que apunta a la reducción del gasto en cargos públicos remunerados, o incluso a los actuales sistemas de elección. Macron plantea en Francia un acuerdo para reducir en una tercera parte el número de diputados de la Asamblea Nacional. Un modelo que quiere exportar al resto de las instituciones, y que consultará con los ciudadanos si los partidos no se ponen de acuerdo. En la Finlandia que ha logrado sobreponerse a la crisis de la deuda, se coquetea con la propuesta de elección de una parte del Parlamento... ¡¡¡por sorteo entre el censo electoral!!! Se trata de una propuesta que escandaliza a los partidos, pero que ya ha sido ensayada en los jurados: si un ciudadano elegido por sorteo puede decidir sobre la libertad y la vida de otro ciudadano acusado de un crimen... ¿Por qué no habría de poder decidir también sobre cómo gastar nuestros impuestos, sobre los salarios públicos o sobre lo que define el interés general?

El debate abierto en toda Europa sobre la representación y su enorme coste económico, y sobre la necesidad de profesionalizar las administraciones y reducir y democratizar el rol de los partidos en la selección del personal que ha de gobernarnos, llega ya a todos lados. Aunque en Canarias (siempre una hora menos) nos llega con retraso.

Así, al margen de toda tendencia, Nueva Canarias y el PSOE se enfrentan a la reforma del sistema electoral canario planeando un aumento del número de diputados desde los sesenta actuales a 75. Un aumento del 25 por ciento, que implicaría una multiplicación del gasto en el Parlamento, y que no garantiza una representación mucho más proporcional. Para los partidos aumentar es una fórmula óptima, que permitirá emplear más coleguillas y afiliados, pero no desatasca el verdadero problema de la reforma electoral, del que nadie habla: cada vez que se plantea que hay que cambiar las cosas, se obvia que cambiarlas supone redistribuir la representación. Porque para que Gran Canaria o Tenerife tengan más diputados, si no se aumenta su número, habrá que quitárselos a alguna de las islas menores. Y nadie se atreve a ponerle ese cascabel al gato.

La sociedad canaria no está por un aumento del gasto para sostener más infraestructura política. Es cierto que el nuestro es un Parlamento pequeño y que la población ha crecido muchísimo en los últimos 35 años. Pero el problema es que esta es una sociedad castigada por la pobreza, en la que un diputado -casi todos ellos- percibe un salario estratosférico. ¿Mejoraría la representación si el Parlamento fuera mayor? Probablemente, pero costaría mucho más. La pregunta que hay que hacerse es otra: ¿por qué tienen que cobrar salarios de banquero sus señorías? La mayor parte de los ciudadanos no tendrían nada en contra de que se aumentara el número de diputados si se redujeran las cantidades que cobra cada uno, y también el número de diputados que cobran. ¿Por qué el noventa por ciento tiene dedicación exclusiva? Si eso cambiara, el Parlamento no nos costaría más, sino menos que ahora. Hay que empezar a hablar ya de unos sueldos políticos absolutamente alejados de los estándares salariales de la mayor parte de la población. Pero ese asunto no lo van a plantear sus señorías, por la cuenta que a ellos les trae. El Parlamento ha olvidado incluso que hace unos meses se comprometió a realizar un informe comparativo sobre los salarios de sus señorías. ¿Alguien ha vuelto a escuchar hablar de eso?