Santa Cruz de Tenerife
A BABOR FRANCISCO POMARES

La dictadura

9/ago/17 6:21 AM
Edición impresa

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, uno de los organismos institucionales controlados por el régimen de Maduro, anunció ayer que la Mesa de Unidad Democrática -la coalición que integra a las principales fuerzas de la oposición- deberá abstenerse de participar en las elecciones para elegir gobernadores en siete Estados. La excusa ofrecida por el Consejo Nacional Electoral -el mismo organismo que hinchó los resultados de la Constituyente "al menos en un millón de votos", según la denuncia de la empresa contratada por el propio Consejo para hacer el recuento- es que hay litigios electorales que todavía no se han resuelto, por lo que se prohíbe a la oposición presentarse unida en los estados más poblados, donde tradicionalmente ha ganado siempre las elecciones.

Es otra de las medidas de estos días que definen que para el chavismo sin Chávez de Maduro no hay ya marcha atrás en el camino a la dictadura. Controlado el Ejército bolivariano, en el que hay hoy más de tres mil asesores cubanos, con presencia directa en el Estado Mayor y en las principales guarniciones del país, y militarizados los cuerpos policiales, Maduro está siguiendo el modelo cubano: la primera demostración clara de que no hay retroceso fue el control casi total de los órganos jurisdiccionales, nombrados por el Gobierno. Con el Tribunal Supremo sometido, se dictó el encarcelamiento de muchos disidentes y opositores, y se emprendió el proceso de deslegitimación de quienes ganaron las últimas elecciones, con la convocatoria irregular y sin garantías de unas nuevas elecciones constituyentes, "ganadas" por goleada por los maduristas (la oposición real no se presentó), que ha destituido a la Asamblea legítima, e iniciados los procedimientos sumarísimos para destituir y apartar de sus cargos, acusándolos de malversación económica o de traición, de todos los funcionarios públicos que han reclamado -como la ya cesada fiscal general de Venezuela, la chavista Luisa Ortega Díaz- la aplicación de la legalidad desde dentro de las instituciones del chavismo.

Con el control del Supremo comenzó el encarcelamiento y expropiación de bienes a los disidentes, opositores o funcionarios nombrados por la Asamblea, en ocasiones sin siquiera tomarse la molestia de hacer juicios amañados, el cierre de medios y persecución de periodistas, y la práctica de la tortura, denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que ayer responsabilizó a las fuerzas de seguridad de torturar a los detenidos de forma "generalizada y sistemática", de llevar a cabo "5.000 detenciones arbitrarias", y de ser directamente responsable de la muerte de "al menos 46 manifestantes". Y todo eso en medio de un estado de escasez y desabastecimiento de los productos más esenciales, de verdadero terror económico, fruto de las desquiciadas políticas del madurismo, que -sin embargo- se atribuye por el régimen de forma sistemática al enemigo exterior, el imperialismo norteamericano y las democracias sudamericanas que cuestionan la deriva chavista.

Hoy Maduro cuenta con el poder ejecutivo y militar, también con el legislativo -la totalidad de los diputados de la Constituyente- y con el poder judicial, tras purgar y encarcelar a los jueces nombrados por la Asamblea y destituir a la fiscal de la República. En Venezuela no existe ya división de poderes, acatamiento de los resultados electorales, ni respeto a las minorías. Venezuela, una de las grandes democracias sudamericanas, uno de los países más ricos del subcontinente, es hoy una nación instalada en el caos económico, con miles de detenidos y torturados y un gobierno que actúa ya sin disimulo como una dictadura. Y ha ocurrido ante de los ojos del mundo.