El PSOE manifestó ayer su satisfacción por el anuncio realizado por el Gobierno, renunciando a hacer uso del artículo 155 de la Constitución española para evitar el referéndum en Cataluña. En la práctica, el artículo 155 es un procedimiento legislativo que requiere del apoyo de ambas cámaras para proceder a la suspensión de competencias transferidas a las Autonomías. En cristiano, la aplicación del 155 supone la intervención de Cataluña, la destitución de sus dirigentes y la suspensión de la actividad legislativa en el Parlament. Es una medida extraordinaria y muy dura, que coloca la situación en Cataluña en un punto de no retorno. No sólo afecta a los independentistas, afecta al conjunto de la sociedad catalana. Aún así, hay destacados socialistas históricos -de forma palmaria Alfonso Guerra, con muchas más cautelas el propio Felipe González- que han pedido que se plantee por el Gobierno la aplicación del artículo 155 y la suspensión cautelar de la autonomía catalana. Confieso que no soy partidario de una suspensión cautelar. No siento ninguna simpatía por el secesionismo, pero creo que ninguna ley debe aplicarse con carácter cautelar. La suspensión de la autonomía catalana -desde mi punto de vista- sólo sería de recibo cuando el Gobierno y el Parlament se nieguen a aceptar la interpretación del Tribunal Constitucional sobre las leyes del "proces". Es cierto que hay políticos con importantes responsabilidades en el Gobierno catalán, que han anunciado su intención de obviar la legalidad y pasarse por el arco de triunfo las decisiones del Constitucional. Pero entre pensar o incluso decir públicamente que uno va a hacer una cosa y llegar a hacerla puede mediar la comisión de un delito. Si los miembros del Govern y el Parlament incurren en desacato constitucional y convocan y celebran el referéndum -algunos pensamos que las posibilidades de que la chafarmejada que preparan tenga algún valor político se reducen por momentos-, entonces el Gobierno de España puede utilizar la legalidad y los tribunales, e incluso aplicar el 155. Que no es, por cierto, un decreto que el Gobierno redacte y aplique de un día para otro, sino un procedimiento complicado, que requiere de un proceso que duraría en el mejor de los casos algo más de dos meses.

Personalmente, creo que en esto el Gobierno de España está haciendo lo correcto, y además lo está haciendo bien. Entiendo que haya partidos de la oposición que le pidan al mismo tiempo "más energía" y "más diálogo" -como ha hecho el PSOE-, pero creo que quienes hoy tienen la obligación de defender los intereses del Estado y del conjunto de los ciudadanos españoles deben obrar con cautela y sin apasionamiento. Dijo Ortega en 1932 que "el problema catalán no se puede resolver, solo se puede conllevar". Y es cierto. Con Cataluña hay que convivir, haciéndolo desde la exigencia de respeto a la legalidad constitucional. Y eso es lo que está haciendo el Estado, sin dejar a los aventureros que hoy controlan Govern y Parlament pasar ni una. Comprendo a quienes se alarman ante lo que es calificado por la oposición como "pasividad del Estado", pero el mejor sistema para no proporcionar argumentos y sumar voluntades al secesionismo es precisamente andar con todo el tiento posible. Hasta ahora, no ha habido ni un solo error en el comportamiento del Estado, y los secesionistas, por el contrario, han perdido completamente el oremus, convirtiéndose en cautivos del estrafalario leninismo de la CUP y de sus propias estrategias cada día más rebuscadas e insensatas. Los antiguos convergentes van camino de ser una fuerza anecdótica en la política catalana; hacen mucho ruido con el referéndum, pero en Cataluña no gobierna hoy nadie. Si el referéndum no sale como esperan (y no les va a salir), habrá elecciones y noche de cuchillos largos en el independentismo. Quizá por ahí volvamos a situarnos en condiciones de conllevar -catalanes y españoles- nuestro histórico desentendimiento.