Santa Cruz de Tenerife
FRANCISCO POMARES

La bronca

9/sep/17 6:14 AM
Edición impresa

La bronca enorme que hay en torno a la tele canaria no responde a posiciones ideológicas o a criterios de gestión o a la incapacidad de los políticos para ponerse de acuerdo. Tiene que ver con un error de partida, que es el de que la Televisión Canaria no realiza sus propios servicios informativos, sino -atendiendo al modelo mixto aprobado en su día por el Parlamento de Canarias- los encarga por contrato a una empresa externa. La actual adjudicataria de ese servicio es, desde hace casi diez años, la empresa Videoreport Canarias, liderada por el mismo grupo que controla el rotativo Canarias 7.

El problema de fondo es que el contrato de los servicios informativos vigente en la tele, que surgió como resultado de un procedimiento negociado con publicidad (otro de los caprichos mediáticos del expresidente Rivero), finaliza dentro de algo más de nueve meses, el próximo 30 de junio, después de diez años seguidos de informativos gestionados por el actual adjudicatario. La gestión empresarial no implica gestión de contenidos: la responsabilidad de los contenidos sigue siendo del ente, y es verdad que no se han cumplido las expectativas creadas con la salida de Willy García, el "universitario de la vida" que destruyó la televisión canaria y la llevó a las mayores cotas de corrupción, servilismo político, chabacanería y mal gusto que se recuerde. Eso no va a resolverse sólo cambiando el contrato de informativos, requeriría de una transformación radical de los objetivos e intereses de una televisión que -con muy contadas excepciones- parece haber renunciado a ser un servicio público de calidad y se limita a llenar las mejores horas de la parrilla con programación que parece hecha por el enemigo.

Pero ese, aunque muy importante, es otro asunto. El que nos ocupa es que el contrato en vigor prohíbe hacer más prórrogas al actual adjudicatario. Y es lógico que así sea: en octubre de 2012, cuatro años antes de finalizar el plazo del contrato, Rivero accedió a una prórroga de otros dos años con el mismo contratista. Esa prórroga fue el resultado de las negociaciones para una reducción de los servicios, impuesta por las restricciones de la crisis. La reducción suponía una pérdida de facturación de 1,2 millones de euros anuales, con las que Rivero dijo que se aligeraba el gasto de la tele, a costa de despedir a una parte de sus trabajadores, como efectivamente se hizo. Sin embargo, lo que finalmente ocurrió es que Videoreport Canarias dejó de facturar cinco millones de euros hasta 2016 y, a cambio, obtuvo ingresos suplementarios por 34 millones de euros más.

Ahora está en juego un nuevo contrato por ocho años y 144 millones de euros. Una pasta. Es lógico que la posibilidad de quedarse fuera, en un momento de grave crisis de los medios, haya provocado preocupación en el adjudicatario, para el que el contrato es clave en su estructura de empresas. Y es por eso que los partidos han entrado a degüello, incluso defendiendo lo indefendible, como el retraso en la aprobación de los pliegos, para tener que acudir a una prórroga prevaricadora e ilegal.

Pero lo más grave, desde mi punto de vista, es la renuncia a la propia ideología. Uno se pregunta por qué partidos de izquierdas como Podemos o Nueva Canarias no han intentado pelear la modificación del sistema de gestión privada de los informativos, y la creación de una televisión realmente pública. ¿Por qué no lo han hecho? Básicamente porque la mezcla de dinero y medios de comunicación tiende a ser explosiva? Es asombroso que -por quedar bien con el actual adjudicatario- unos pretendan prevaricar y otros silencien la opción de una televisión de verdad pública, para la que -sin duda- este sería el mejor de los momentos.