La ministra de Empleo y Seguridad Social y el presidente del Gobierno de Canarias firmaron ayer el nuevo Plan Integral de Empleo, dotado con 42 millones de euros, y financiado en algo más de 24 millones por el Gobierno de España a través del Servicio Público de Empleo, y otros casi 18, con recursos adicionales del Fondo Social Europeo. El convenio suscrito, al que acompañan otros dos convenios relativos a lucha contra el fraude y cesión de competencias en la declaración de Incapacidad Laboral Transitoria, son resultado directo del apoyo a los Presupuestos Generales del Estado por parte de Ana Oramas. El PP, incluso el PP de las Islas, que aplaudió con las orejas la desaparición de Plan Integral de Empleo al que calificó de instrumento inútil y despilfarrador de los recursos públicos, ha festejado ahora la firma del convenio. Lo que antes era un despilfarro y un instrumento sin valor ninguno, es ahora una feliz noticia, resultado del buen entendimiento actual entre Coalición y el PP nacional. En octubre de 2013, hace ahora justo cuatro años, el PP decidió la eliminación del Plan Integral de Empleo de Canarias, que había sido dotado con 40 millones de euros en 2012. Para poder materializar la eliminación del Plan, el Gobierno del PP, además de sacar la partida del Presupuesto, modificó expresamente una de las disposiciones adicionales de la vigente Ley de Empleo. Canarias era en aquel momento la región española con mayor tasa de paro. La medida fue explicada por el PP canario en una rueda de prensa ofrecida por su entonces secretario general, Asier Antona, en la que anunció que el dinero del Plan de Empleo llegaría directamente a Canarias por otras vías, algo que no ocurrió nunca. Hasta ahora, que se recupera el plan, añadiéndole dos millones de euros.

Pero lo que no es cierto en un momento no debería pasar a ser verdad sólo porque cambia el decorado político: es verdad que el Plan Integral de Empleo no ha sido nunca una herramienta especialmente eficaz para la creación de empleo fijo y de calidad. Se ha usado más bien como muleta por Ayuntamientos y Cabildos para resolver pequeñas obras locales con mano de obra no especializada y permitir algunos apaños en la contratación. El PP insistió también en el pasado -para justificar la suspensión del plan- en que la mayor parte de los recursos se gastaban en mantener la infraestructura administrativa necesaria para gestionar los proyectos, en una imagen bastante parecida a la de una pescadilla que se muerde la cola y acaba por devorarse a sí misma. Según el PP, el dinero no iba a quienes de verdad lo necesitaban -los desempleados-, sino a una burocracia incompetente y mastodóntica.

Todas esas críticas del PP -los argumentos que sirvieron para suspender la aportación nacional a los convenios de empleo- se han desvanecido cual azucarillo en aguardiente después de que el voto de Ana Oramas fuera imprescindible para sacar adelante las cuentas del Estado. Lo que antes era un desastre que sólo servía para pagar burócratas pasa ahora a ser, en palabras de la ministra Báñez, un Plan que "permitirá mejorar la empleabilidad de los trabajadores canarios, ganar tiempo y acelerar la transición del desempleo al empleo". A ver qué dicen ahora los suyos en Canarias. Porque Antona, Domínguez o el doctor Alarcó fueron bastante peleones en su día.