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A BABOR FRANCISCO POMARES

El gran negocio

7/oct/17 6:09 AM
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El jueves, el PSOE canario y Podemos coincidieron en plantear la conveniencia de suspender la licitación del concurso para la adjudicación de los informativos de la televisión canaria, por la friolera de 144 millones de euros. El PSOE lo hizo mediante unas declaraciones de su secretario general, Ángel Víctor Torres, y Podemos se descolgó casi a la misma hora anunciando la presentación de una moción en ese sentido en el Parlamento de Canarias. Sería aquí injusto no recordar que los socialistas ya plantearon que los informativos de la tele fueran de gestión pública en su propuesta de mandato marco para la tele, recibiendo entonces el único apoyo de Podemos. El asunto no trascendió demasiado, esa es la verdad, quizá porque la consejera que representa al PSOE en el Ente ha estado más preocupada de medrar en el Consejo que de defender esa posición. También es cierto que el Parlamento suspendió hace unas semanas la vigente propuesta de mandato marco, dentro de la guerra a muerte que desde los partidos se está librando para que el concurso se suspenda para prorrogar el actual contrato -algo que es ilegal- o se adjudique de nuevo al actual contratista, un grupo mediático vinculado al rotativo Canarias 7 de Las Palmas, alguno de cuyos directivos cobra hoy su salario con los dineros de la televisión pública.

A fecha de hoy, el silencio de Nueva Canarias, el PP y Coalición Canaria sobre este asunto resulta muy llamativo. El presidente Clavijo explicó hace unos días en una entrevista que si no había forma de adjudicar el contrato de forma legal, la gestión pública sería la única opción. Pero tanto los nacionalistas como el PP mantienen un absoluto silencio al respecto. Con la que está cayendo en Cataluña, es difícil que la atención se derive a un asunto de extrema importancia, pero que no sale del ámbito de la política, las empresas de comunicación y el periodismo. Sin embargo, se trata de un asunto grave: en Canarias se mantiene desde hace dos décadas un sistema de televisión que no funciona, que nos cuesta carísimo, y que permite a la empresa privada que lo explota unos beneficios estratosféricos, prestando un servicio más que insuficiente. Es un escándalo que el Parlamento se mantenga de perfil. Pero no es de extrañar que así ocurra: porque no hacer nada es la mejor manera de garantizar que las cosas sigan igual. Si el Parlamento no toma decisiones sobre este asunto en los próximos dos meses, es probable que la televisión canaria tenga que cerrar sus emisiones a partir del mes de julio de 2018, o que haya que obviar la legalidad para ir a una prórroga con los actuales prestatarios del servicio, fórmula por la que -a mi entender- trabaja Nueva Canarias. La mejor opción, la más razonable y la más barata, es sin duda modificar el mandato marco y empezar a trabajar por el rescate público de los informativos, gestionados hoy por una empresa privada. Eso no significa que la tele no contrate parte de su producción con la industria audiovisual, pero veinte años después de su puesta en marcha, no es de recibo que se mantenga un sistema que era provisional, y se sigan pagando fortunas a una empresa privada, que es la que contrata al personal, mantiene la propiedad de las instalaciones, alberga la continuidad de la señal, es propietaria de los platós, de las cámaras, de las unidades móviles, e incluso conserva el fondo documental -las imágenes- producidas durante estos años. Para el contratista, que ni siquiera tiene la obligación de indemnizar a su personal en caso de perder el contrato, se trata de un negocio suculento. Para las arcas públicas es todo lo contrario. Las inversiones necesarias para acometer la gestión pública de la tele se amortizarían en cuatro años, y el contrato que se quiere renovar es por ocho. Esto no pasa más que en esta región. En ninguna otra se mantiene este modelo trabucaire.