Santa Cruz de Tenerife
A BABOR FRANCISCO POMARES

Deprisa, deprisa

12/oct/17 6:21 AM
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Entre los asuntos de los que el PSOE se ha ocupado estos días, aunque no ha tenido demasiada trascendencia pública, está la decisión de congelar la petición de remover a Santiago Negrín de la presidencia del Consejo Rector de la Radiotelevisión Pública Canaria. Después de conocer un dictamen elaborado por el socialista Manuel Fajardo, exviceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres quiere esperar a contar con tres informes sobre la legalidad de las decisiones de Santiago Negrín referentes a la puesta en marcha del expediente de contratación de los servicios informativos. Uno de los informes será el de la secretaria del propio Consejo Rector, incorporada hace unos días tras baja por enfermedad, otro de los servicios jurídicos del Parlamento, entidad responsable del Ente, y un tercero de la Audiencia de Cuentas.

Torres no quiere precipitar acontecimientos ni participar a ciegas en una operación planificada por Nueva Canarias y el Partido Popular, cuyo objetivo parece ser forzar la prórroga del actual contrato, en manos de una productora vinculada a Canarias 7. El nuevo secretario general del PSOE canario recordó que la posición defendida por los socialistas en el debate parlamentario sobre el mandato marco de la televisión consiste en que la tele funcione como servicio público y desde la gestión pública. Por eso, Torres se manifestó la semana pasada partidario de hacer algunos cambios en la tele de los que no se habla mucho en los otros partidos. Uno es modificar la actual ley canaria de Radio Televisión, estableciendo con claridad las competencias de sus órganos, y otro aumentar de cinco a siete la composición del Consejo y que sea más representativo de lo que es en la actualidad.

Mientras eso se produce, la tesis de Torres es retrasar la censura. La decisión de frenar la operación parlamentaria contra Negrín hasta que se disponga de los informes supone de hecho una derrota para los promotores de la censura -Román Rodríguez y Asier Antona- y la posibilidad de que el Parlamento se centre en la reforma del mandato marco -hoy suspendido- y adopte la decisión de que la gestión y explotación de los informativos se realice directamente desde el ente. Se trata de una apuesta que requiere actuar sin muchas dilaciones. La tele dispone escasamente de ocho meses para poner en marcha un sistema alternativo a la contratación de los informativos, y sólo de pocas semanas para que el Parlamento modifique el mandato marco, evitando así que el concurso salga a licitación pública y ya sea demasiado tarde. Y esa es precisamente la clave de este asunto: modificar el mandato marco con la instrucción de que los informativos sean de gestión pública. Es lo razonable y lo que esperan los trabajadores del ente, después de dos décadas de ser "mareados" llevándolos de una concesionaria a otra.

Podemos ha presentado una moción en el Parlamento donde los grupos habrán de significarse y aclarar si están por que Canarias cuente con una televisión de verdad pública o por mantener su actual gestión privada, como ha ocurrido hasta ahora. Ese será el momento de retratarse. Porque para resolver este disparatado entuerto de la gestión privada y la contaminación de la política por el negocio, queda ya muy poco tiempo. Tan poco como dos meses.