La Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Tenerife ha recordado la gravísima situación de escasez de áridos a la que se enfrenta el sector en las islas, y muy especialmente en Tenerife, donde las previsiones son algo más que alarmantes. En la actualidad, en toda la isla solo existe una sola cantera legal, en funcionamiento en Arico, con una previsión de explotación inferior a un año. Además, la cantera se encuentra en proceso de restauración, por lo que su producción es incluso menor de lo que correspondería. De no incorporarse nuevas explotaciones en los próximos meses -algo que es muy difícil pueda ocurrir, teniendo en cuenta la actual legislación y los trámites necesarios para poner en marcha cualquier actividad minera- lo más probable es que la incapacidad de disponer de áridos provoque un cuello de botella en la construcción y en las obras e infraestructuras previstas durante los próximos dos años.
Suele olvidarse con frecuencia que los áridos son el producto natural más consumido por el hombre, inmediatamente después del agua para beber. Se trata de una materia prima mineral insustituible, muy necesaria para el desarrollo y la economía de las sociedades. Sin embargo, los abusos en la extracción, y las barbaridades ambientales que han acompañado extracciones en principio consideradas legales -como las de Güímar- han provocado un creciente rechazo social a las extracciones y a los areneros.
Es verdad que los áridos son imprescindibles, y que si no se adoptan medidas destinadas a una mejor planificación de las necesidades y a facilitar la concesión de licencias a la industria, la construcción puede llegar a paralizarse. Pero también lo es que muchos de los empresarios areneros han sido juzgados y condenados por desarrollar prácticas claramente abusivas que han supuesto un gran deterioro del entorno natural. El marco legal vigente, cada vez más restrictivo, complica y a veces incluso impide el desarrollo del sector de extracción de áridos y puede llegar a favorecer la existencia de la extracción ilegal, que provoca un impacto medioambiental muy superior, no reúne las condiciones de seguridad y salud, alimenta la economía sumergida y compromete no sólo la ejecución, también el tiempo que se mantienen las obras antes de deteriorarse, provocando incluso que algunas no reúnan los mínimos requisitos de calidad y seguridad establecidos por la Unión Europea.
Por eso, resulta imprescindible que las Administraciones mejoren las condiciones para promover nuevas explotaciones, que impidan el bloqueo de la construcción y que aseguren un suministro de áridos legal y de calidad. La principal responsabilidad en este asunto es del Cabildo y del Gobierno de Canarias, y lo cierto es que hay que tomar decisiones y hacerlo pronto. De hecho, tendría que haberse hecho hace tiempo, es probable que ya se llegue tarde.